Un juez federal difirió la audiencia contra el excandidato presidencial Ricardo Anaya para el próximo 8 de noviembre porque la defensa solicitó más tiempo para revisar los documentos que la Fiscalía General de la República ( FGR ) entregó el pasado viernes.
Tomando en consideración que se trata de un legajo de mil hojas, los abogados de Anaya argumentaron que a efecto de llevar a cabo una adecuada defensa, a la que el excandidato tiene derecho, requieren más tiempo para estudiar los documentos.
Fuentes federales confirmaron que la FGR accedió a la solicitud de Anaya, por lo que el juez Marco Antonio Fuerte Tapia difirió la diligencia y ordenó retomarla el próximo 8 de noviembre a las 09:00 horas. En consecuencia, Anaya continúa gozando de sus derechos civiles.
Durante la diligencia el juez observó que la defensa y Anaya se conectaron desde sitios distintos, por lo que exhortó a los abogados a que el próximo 8 de noviembre comparezcan desde el mismo lugar que se encuentre su cliente.
En agosto pasado, cuando la FGR intentó por primera vez imputar cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero al panista, los fiscales informaron al juez que existen registros de que Anaya salió del país y no ha regresado.
Entonces, el juez conminó al excandidato presidencial a conectarse desde territorio nacional.
La audiencia se realizaba por videoconferencia con la presencia del juez de control, Ricardo Anaya, su defensa, la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Esta mañana el excandidato presidencial por el PAN informó que como parte de la estrategia de la FGR para acreditarle delitos, ordenó reabrir la carpeta de investigación iniciada en 2017 en su contra por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
En este caso, Anaya fue investigado por la compra de diversos bienes por parte de su familia y la compra de una nave industrial en Querétaro. Sin embargo, en 2018 la entonces PGR decretó el no ejercicio de la acción penal.
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ed