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El juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ratificó que por razones de seguridad nacional, el proyecto de construcción del aeropuerto en la Base Aérea Militar de Santa Lucía no puede mantenerse paralizado.
Por ello, revocó la suspensión definitiva que mantenía frenada la obra en uno de los 150 amparos tramitados contra el proyecto y la cancelación del aeropuerto de Texcoco, pero esto no significa que el gobierno puede iniciar ya la construcción.
Los afectados, integrantes del colectivo #NoMásDerroches, solicitaron desde el pasado 7 de octubre que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervenga en cinco amparos en los que aún están vigentes suspensiones definitivas contra el aeropuerto de Santa Lucía.
El asunto será planteado a los ministros de la Segunda Sala, en razón de que es materia administrativa, para que si uno de sus integrantes decida hacerlo suyo, realice un proyecto y planteé posteriormente la solicitud de ejercicio de facultad de atracción y se defina si la Corte va a entrar o no al estudio.
Además, ante el juez Quinto de Distrito está pendiente la resolución de otro incidente de revocación de suspensión definitiva de uno de los amparos contra Santa Lucía, cuya audiencia incidental está prevista para mañana 10 de octubre.
En el incidente de revocación resuelto ayer, el juez Quinto de Distrito concedió la razón a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por razones de soberanía y seguridad nacional. El incidente fue tramitado por la Sedena desde septiembre pasado e indicó que desde el 29 de agosto pasado, el Consejo de Seguridad Nacional incluyó sus bienes, incluido el proyecto del aeropuerto mixto civil/militar, en el listado de instalaciones estratégicas, por lo que la suspensión concedida implicaba que los militares no pudieran operar normalmente en la Base Aérea de Santa Lucía y que esto era un riesgo para la seguridad nacional.
En su resolución, el juez precisó que la suspensión concedida a los quejosos sólo tenía efectos para que no se dañara al medio ambiente con la construcción del aeropuerto, pero que al contar con una autorización condicionada en la materia, se salvaguarda este bien.
Sin embargo, al incluirse el proyecto de construcción de aeropuerto como instalación estratégica, los conceptos de soberanía y seguridad nacional cobran mayor relevancia.
“Si el proyecto de construcción aeroportuario se considera como instalación estratégica de seguridad nacional porque permite preservar la soberanía del Estado mexicano, evidentemente que ello acontece, dada la facultad con que cuenta el Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional de integrar el inventario de la infraestructura estratégica del país en materia de seguridad nacional”, indicó.
Los quejosos aún pueden impugnar esta resolución ante un tribunal colegiado, por lo que el gobierno federal no puede iniciar la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, pues además, debe tramitar las revocaciones en las suspensiones que permanecen vigentes y que los quejosos agoten los medios de impugnación que les concede la ley.
Desde junio pasado, el colectivo #NoMásDerroches presentó 147 amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía. A estos amparos se sumaron desde septiembre pasado 10 demandas más tramitadas por integrantes de pueblos originarios de Tecámac, Estado de México.
De los amparos tramitados por #NoMásDerroches, en los que el colectivo utilizó diferentes argumentos tales como la falta de permisos en materia ambiental, estudios en aeronáutica, falta de garantías a la seguridad e integridad de pilotos y usuarios y hasta cuestiones relacionadas con la tarifa de uso aeroportuario, están en trámite 140, pues en ninguno de ellos se ha dictado resolución definitiva.
Esta no es la primera vez que el juez Quinto de Distrito concede la razón a la Sedena por cuestiones de seguridad nacional.
Hace dos semanas, en uno de los amparos tramitados por pobladores indígenas que alegan la falta de consulta pública para construir el aeropuerto, el juez negó la suspensión provisional tomando en consideración el alegato de la Sedena sobre las instalaciones estratégicas.
Ante la cantidad de amparos radicados en distintos juzgados de la República Mexicana, el Consejo de la Judicatura Federal ordenó desde julio pasado concentrar todos los expedientes en el Juzgado Quinto.
