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Al participar en el cuarto foro para analizar la reforma al Poder Judicial, organizado por la Cámara de Diputados, Mario Felipe Mata Ríos, Juez de Distrito adscrito al Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, en Chiapas, aseguró que la carrera judicial permite que ningún ministro, magistrado o juez le deba “algún favor” al Presidente de la República o al crimen organizado, por ejemplo.
Contrario a lo que sucedería si se aprueba la reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que contempla hacer a un lado la carrera judicial y elegir a los integrantes del Poder Judicial por voto popular.
“Nadie nos propone en nuestro puesto, nosotros hemos llegado a ser juzgadores gracias a nuestros méritos, conocimientos y desempeño de la carrera judicial. Gracias a que fuimos vencedores de un concurso de oposición, el cual tiene tres exámenes y solo las mejores calificaciones son las que alcanzan el nombramiento. No le tenemos que pagar algún favor al Presidente de la República, a los gobernadores, a los legisladores, a los ministros, a los consejeros ni a ningún grupo de hecho, como podrían ser los empresarios, sindicatos o grupos delictivos”, explicó.
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A los asistentes les dijo que el principal error de la reforma al Poder Judicial, propuesta por Morena y el titular del Ejecutivo, es “que está cimentada bajo premisas falsas”.
Y añadió que la experiencia que otorgan años de carrera judicial, les permite resolver los casos más rápido que si se los asignaran a una persona que gane una elección popular, en caso de que se apruebe la reforma.
“Ustedes creen que alguien que va a empezar a ser juez, a ser magistrado va a poder resolver más rápido que alguien que ya tiene toda la experiencia de la carrera judicial. Para poder ser juez o magistrado, mínimo tuviste que haber hecho 15 años de sentencias, todos sabemos que la cuestión práctica nos va a profesionalizando y nos va haciendo mejores”, expresó.
Dijo que una reforma para fortalecer al Poder Judicial debería contemplar mejorar todo el régimen jurídico, que incluye las fiscalías, los tribunales locales, los tribunales administrativos, los centros de conciliación y a los abogados postulantes; además de una inversión grande, lo cual no se contempla en la actual propuesta.
