En acatamiento a un amparo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó en junio pasado a los familiares del extinto guerrillero Lucio Cabañas, un juez federal dio a la Fiscalía General de la República (FGR) un plazo de un año para que investigue los presuntos delitos cometidos durante el periodo de la llamada “Guerra Sucia”.
La Primera Sala del máximo tribunal del país determinó en junio de este año que a los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en dicho periodo en México, no les aplica la figura de prescripción.
Por lo que, la FGR deberá investigar conforme al contexto social y características de las décadas de los 60 y 70, tomando en cuenta que los hechos pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
El titular del Juzgado Sexto de Distrito en materia Penal, Juan Mateo Brieba de Castro, advirtió que en caso de incumplimiento, llegado el caso, se remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable.
Al concluir el plazo de un año, la Fiscalía General de la República deberá determinar sobre el ejercicio o no de la acción penal.
Además, Brieba de Castro dejó en claro que ni la muerte de las víctimas y los victimarios extinguen la acción penal, porque se trataría de un caso de excepción por ser delitos
que se encuentran bajo la categoría de crímenes de lesa humanidad.
Además, la FGR deberá tomar en cuenta el informe histórico realizado por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, así como el informe final de la Comisión de la Verdad para la Investigación de las Violaciones a los Derechos Humanos durante la Guerra Sucia de los años sesenta y setentas de Guerrero.
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