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La Fiscalía General de la República (FGR) estalló nuevamente contra un juez que falló en su contra.
Daniel Ramírez Peña, juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, determinó este miércoles no vincular a proceso a siete empresarios y exfuncionarios del Estado de México, entre ellos José Andrés de Oteyza Fernández, ex presidente del Consejo de Administración de OHL, y el exsecretario de Gobierno del Estado de México, Ernesto Javier Nemer Álvarez, debido a la falta de elementos para ser procesados por el caso de la concesión del Viaducto Bicentenario.
Además, en audiencia de imputación, el juzgador determinó desechar la causa penal iniciada por la FGR por los delitos de asociación delictuosa, usurpación de funciones y explotación de un bien de la nación.
Ante ello, la Fiscalía General República acusó a Ramírez Peña de llegar a un "extremo verdaderamente inconcebible; ya que, antes de conocer las pruebas y argumentos de las partes, emitió públicamente una opinión respecto del caso y anunció su veredicto en contra del Estado Mexicano; razón por la cual la Representación Social de la Federación ahí mismo lo recusó en audiencia, por incurrir en una causa de impedimento para seguir conociendo del asunto; y, por lo tanto, se le iniciará el juicio correspondiente, independientemente de los recursos que la ley permite".
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Aseguró que nunca el gobierno del Estado de México obtuvo concesión federal para poder disponer del dominio de una vía de comunicación federal, propiedad de la Nación.
"La concesión que el Estado de México le otorgó a la empresa Viaducto Bicentenario, S. A. de C. V., en el año de 2008, fue absolutamente ilegal y, por lo tanto, nula; cometiéndose el delito de Explotación de un bien de la Nación, sancionado en los artículos 149, 150 y 151 de la Ley General de Bienes Nacionales".
Y añadió: "Ese acto delictivo le permitió a un particular, el saqueo de más de 8 mil millones de pesos por dicha explotación ilegal, correspondiéndole el 99.5% de los ingresos totales, de esa vía federal; compartiendo con el Gobierno del Estado de México 42 millones de pesos, equivalente al 0.5%; sin que la Federación haya recibido, en estos quince años, ni un solo centavo por la explotación de un bien propiedad de la Nación".
Indicó que desde agosto de 2011, y nuevamente en marzo de 2020, la hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (antes Secretaría de Comunicaciones y Transportes) señaló esta ilegalidad y la presunción del delito federal correspondiente.
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"El haber alegado, por parte del Estado de México, que una autorización para el mantenimiento de una vía federal, como se da en todos los estados de la República, lo faculte para otorgar una concesión federal a un particular, es una absoluta falsedad y es contraria a derecho; ya que la única autoridad facultada para otorgar una concesión de una vía general de comunicación es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes".
Advirtió que iniciará de inmediato todos los recursos legales a que tiene derecho, frente a este nuevo atropello a la justicia y a la defensa de los bienes de la Nación.
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