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Un juez federal dio la razón a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y negó frenar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía al considerar que esto pondría en riesgo la seguridad nacional.
El juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México negó la suspensión definitiva solicitada por un representante del pueblo indígena de Santa María Ozumbilla, Estado de México, en el amparo que tramitó contra la construcción del aeropuerto en la Base Aérea Militar de Santa Lucía.
El juez podría reiterar su criterio y favorecer a la Sedena en los más de 100 amparos tramitados y vigentes por el colectivo #NoMásDerroches y los pueblos originarios de Tecámac, Estado de México, contra el proyecto del gobierno federal.
En su sentencia, a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso, el juez consideró que la seguridad nacional debe prevalecer por encima del interés social de quien pidió amparo para evitar la ejecución de la obra.
Con esto, el juez dejó sin efectos la suspensión provisional que había concedido al quejoso y en la que ordenó al gobierno federal realizar una consulta indígena antes de continuar con el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto.
En este amparo, la Sedena informó al juez que desde el pasado 29 de agosto todos sus bienes muebles e inmuebles, incluido el proyecto de construcción del aeropuerto de Santa Lucía, fueron catalogados como instalaciones estratégicas.
“El proyecto de ‘Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 1 [Santa Lucía, Estado de México], su interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Reubicación de Instalaciones Militares’, implícitamente conlleva la posibilidad de ejecutar órdenes militares tendientes a preservar la seguridad nacional a través de la Fuerza Aérea Mexicana, mediante una instalación militar estratégica de la que no se debe frenar su futura operación, y que tiene encomendado entre otras tareas defender la integridad, independencia y soberanía de la nación, así como garantizar la seguridad interior”, afirmó el juez.
“La medida así adoptada por el Estado mexicano mediante la autorización ambiental, tiene como fin hacer prevalecer la soberanía mediante la seguridad nacional y constituye un objetivo que legitima la restricción a los derechos fundamentales y humanos con relación a los actos reclamados, de los que se pide la suspensión de los efectos y consecuencias. Por ello, no es procedente conceder la suspensión”, dijo.
La resolución fue emitida el pasado 23 de septiembre y en ella, el juez afirmó que el debate del amparo se relaciona con el dominio de los recursos naturales, mismos que pueden ser explotados por la nación o, en su caso, por particulares, sin que ello los convierta en propietario de esos recursos.
“En ese supuesto, prevalece la seguridad nacional de un recurso natural que corresponde a la nación su dominio directo, como lo es la superficie donde se edificará tal proyecto que incide en materia militar como área estratégica”, agregó.
La resolución no implica que el amparo ya esté resuelto en definitiva, pues el juez debe continuar el trámite hasta dictar una sentencia sobre el fondo del asunto, lo que podría ocurrir el próximo 4 de octubre, fecha que el juez señaló para la audiencia constitucional y definir si concederá o no el amparo.
Los más de 100 amparos contra el aeropuerto incluyen argumentos por cuestiones de medio ambiente, seguridad aérea y derechos de pueblos indígenas, entre otras.
El Gran Diario de México informó que en otro de los amparos, el juez concedió la suspensión definitiva a favor de los quejosos para que el gobierno no inicie la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.
El pasado 4 de septiembre, la Sedena tramitó un incidente de revocación a la suspensión definitiva concedida en ese expediente con el argumento de que sus espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás bienes fueron incluidos en el Inventario de Infraestructura Estratégica del país.
La inclusión de los bienes de la Sedena como instalaciones estratégicas fue decretada el pasado 29 de agosto, por lo que la institución alegó que de mantener la suspensión definitiva estarían en riesgo las actividades que se realizan.
Esto, debido a que según la Sedena la suspensión de la construcción del aeropuerto y las operaciones que se realizan en ese lugar obliga a los militares a utilizar otras instalaciones que pueden carecer de la infraestructura necesaria para actividades como el Plan DNIII-E.
El juez programó para ayer la audiencia incidental para resolver la petición de la Sedena; sin embargo, aplazó la diligencia debido a que no se ha realizado la inspección ocular ofrecida como prueba. Hasta ayer, no se fijó nueva fecha.
