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Asociaciones de juezas, jueces y magistrados, incluida la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ por sus siglas en inglés), así como el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictar urgentemente medidas cautelares a favor de la jueza Angélica Sánchez Hernández, quien acusó detención arbitraria y tortura de agentes de la fiscalía de Veracruz, y su familia.
Lo anterior, con el fin de evitar daños irreparables a sus derechos a la vida e integridad.
A través de una carta dirigida a Tania Renaum Panszi, secretaria Ejecutiva de la CIDH, las organizaciones señalaron que los hechos que motivaron la solicitud se dan en un contexto adverso de declaraciones y estigmatización por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, contra el papel de las jueces.
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"En concreto, del trabajo de la jueza Sánchez Hernández. Sin embargo, dicho contexto se materializó en acciones concretas, que tuvieron un serio impacto en la libertad e integridad de la jueza, impactando también en su familia. Pese a que posterior a la detención arbitraria, la jueza Hernández fue puesta en libertad, sin haber sido puesta a disposición de autoridad judicial para celebrar la audiencia inicial, las autoridades han referido que continuarán con la investigación en su contra, lo que muestra la existencia de un serio impacto que la acción estatal puede tener en agravio de la potencial beneficiaria", indicaron.
Afirmaron que las declaraciones emitidas por el gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García, una vez que la jueza fue puesta en libertad, en el sentido de que la investigación en su contra continuaría abierta, son de una situación de gravedad y riesgo.
"En virtud de lo anterior, considerando el contexto descrito, así como los hechos narrados, se desprende una situación particular de riesgo para las propuestas beneficiarias, derivadas de acciones estatales que impactarían de forma grave en sus derechos fundamentales".
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Acusaron que desde el inicio de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado diversas manifestaciones públicas en contra de la actuación del Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales locales.
"Aunque estos ataques han existido desde el inicio del sexenio, se advierte un claro recrudecimiento en el presente año con motivo del inicio de labores de la actual ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación".
Las organizaciones que solicitaron a la CIDH las medidas cautelares son: el Capítulo México de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas; Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas, A.C.; Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C.; Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, A.C; asociaciones integradas por personas juzgadoras comprometidas con la preservación del Estado de Derecho; así como el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP).
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