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Jueces presentaron una solicitud para que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) adopte medidas ante la insuficiencia presupuestal para la organización del proceso electoral extraordinario 2024-2025 rumbo a los comicios de impartidores de justicia.
Los juzgadores explican que acuden a la autoridad electoral para solicitar que, previo a tomar acciones que pudieran representar una reducción o merma en la calidad y eficiencia en la organización, así como en el desarrollo del proceso electoral federal para elegir a integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) y el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de votar y ser votado (como la anunciada medida consistente en la reducción de casillas electorales), proceda a adoptar todas las alternativas legales para lograr la obtención del presupuesto que se calculó, programó y proyectó en la debida realización del proceso electoral.
La solicitud detalla que el 4 de noviembre, mediante el acuerdo INE/CG2321/2024, el Consejo General del INE aprobó el presupuesto precautorio del ejercicio fiscal de 2025, para la organización de una eventual consulta popular y el proceso electoral extraordinario de diversos cargos del PJF 2024-2025.
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En lo relacionado al proceso electoral judicial se aprobó el presupuesto precautorio por 13 mil 205 millones 143 mil 620 pesos, el cual formaría parte del anteproyecto de Presupuesto del INE para el ejercicio fiscal 2025.
El documento refiere que, en la madrugada del 12 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos 2025, en el que se recortó 33% al presupuesto del INE, se determinó no entregar 13 mil 476 millones de pesos de los 40 mil 476 millones solicitados.
Indica que el recorte es prácticamente el equivalente a la suma que pedía el órgano electoral para organizar la elección judicial del próximo año.
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La solicitud califica como relevante que algunos integrantes del Consejo General del INE han advertido y expuesto los riesgos que surgieron como consecuencia del recorte.
Por ejemplo, la reducción del número de personas supervisoras electorales y capacitadores asistentes electorales, generando que las que se contraten tengan altas cargas de trabajo, lo que pone en riesgo la calidad de la capacitación.
La reducción en el equipamiento, medidas de seguridad y accesibilidad de los centros de votación, provocando el riesgo de que no todas las personas puedan acceder, por ejemplo, para quienes tengan alguna discapacidad, entre otros.
“Si esto ocurre, el de por sí ya cuestionado y dudoso proceso electoral tendrá un final de fracaso, no sólo institucional, sino en el objetivo último de lograr que la ciudadanía cuente con un PJF profesional, independiente, autónomo y ético que los defienda de forma auténtica contra los actos de autoridad que resulten contrarios a Derecho”, enfatiza la solicitud.
Los jueces exhortan al Consejo General del INE que actúe para agotar todas las acciones necesarias antes de realizar alguna acción que merme las condiciones de calidad básicas que toda elección federal debe tener para garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía.
