La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), señaló que no se otorgó una ventaja indebida a los ocho militares relacionados al caso Ayotzinapa a quienes se les concedió la libertad provisional.
“Todas las actuaciones de las autoridades jurisdiccionales involucradas no otorgaron una ventaja indebida a esas ocho personas, antes bien, se realizaron con apego a la Constitución, Tratados Internacionales y Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Sin comprometer los derechos de las víctimas ni las facultades de la Fiscalía General de la República (FGR) y para respaldar esta información la Directiva de la JUFED pone a disposición la resolución del Incidente en revisión 238/2023”, detalló el Organismo en un posicionamiento.
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Esto luego que la FGR dio a conocer que impugnará la libertad condicional y que denunciará a la jueza del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo.
Así como a los magistrados Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio del primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito por conceder ventajas indebidas.
La JUFED enfatizó que la jueza del proceso realizó nueva audiencia el 20 de enero y concluyó que las razones del fiscal no justificaban la necesidad de que las ocho personas permanecieran con el proceso en prisión preventiva.
Abundó que la resolución de la jueza aún no es definitiva, la Fiscalía y las víctimas disponen del recurso de apelación contra esa decisión de la juzgadora en la que pueden demostrar que sí justificaron la necesidad de la prisión preventiva.
En caso de que esa resolución de apelación les resultara adversa, las víctimas tendrían el derecho de acudir al juicio de amparo con el mismo propósito.
“Si la Fiscalía o las víctimas consideran que, con el comportamiento que observen, estas ocho personas están en libertad provisional… se genera peligro de que se fuguen, de que hay riesgo para las víctimas o los testigos o de que se ponga en riesgo la buena marcha del proceso, podrán solicitar nueva audiencia para que, si lo justifica, sean sometidas de nuevo a prisión preventiva”, subrayó la Asociación.
Refirió que los efectivos pidieron ante la jueza revisar la prisión preventiva oficiosa que estaban enfrentando; en audiencia pública, la juzgadora escuchó a la Fiscalía, quien expuso las razones que tenía para que continuaran en prisión preventiva y después decidió que debían continuar privadas de su libertad, en el Campo Militar 1- A.
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Los uniformados promovieron juicio de amparo y el Juez de Distrito resolvió que, como ya hay jurisprudencia obligatoria que establece que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, concedió la suspensión definitiva.
Posteriormente la jueza, Duarte Cedillo, celebró una nueva audiencia en la que escuchó a las partes y luego decidió cuál medida cautelar imponer. Contra esa resolución, el fiscal no se inconformó.
Los elementos que podrían llevar su proceso en libertad son: Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges.
Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz. Son señalados por los probables delitos de desaparición forzada.
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