Magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF) trabajan en una estrategia jurídica para enfrentar la eventual sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, que permitiría la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante la protesta realizada en las escalinatas del Palacio de Justicia de San Lázaro, en el Día del Abogado, Mauricio Barajas Villa, magistrado del Segundo Tribunal en Materia del Trabajo, anunció que alistan dos acciones de defensa.
“La primera para acudir a los órganos internacionales de protección de derechos humanos e impugnar en su momento la hoy inminente reforma constitucional en cuya pretensión principal se encuentra la captura, cooptación y sometimiento de un poder soberano de la Unión como es el judicial”.
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La otra, explicó ante más de 200 trabajadores judiciales e integrantes de la Marea Rosa reunidos, es combatir la asignación de diputados plurinominales, pues consideró que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no velarán por una interpretación adecuada de las disposiciones constitucionales que impiden una sobrerrepresentación más allá del tope.
“Está claro que las autoridades del INE no velarán por una interpretación sistemática y funcional de las disposiciones que impiden una sobre representación que rebase los topes, esto se ve venir. Como también que la impugnación que se haga ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es muy probable, y nosotros advertimos por toda la presión que tienen los magistrados de la Sala Superior, que no prospere tampoco una rectificación de un criterio que es desproporcionado”, expuso en entrevista posterior al evento.
Ante esta circunstancia, el magistrado afirmó que lo queda es la defensa ante los organismos internacionales, que están observando a México sobre lo que está pasando en torno a la reforma judicial.
Barajas Villa adelantó que esperarán a que los órganos electorales tomen las decisiones y en función de ello presentarán las acciones de defensa jurídica, con las disposiciones y precedentes aplicables sobre el tema.
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“Yo creo que hay instancias que son, que están observando a México, en el ámbito internacional y bueno, el punto es que en ese proceso no se vea que es fácil poner el pie encima de la democracia Y que nadie va a hacer nada”, sentenció.
Barajas Villa aseguró que en la defensa al Poder Judicial de la Federación están “legitimados todos los jueces y magistrados federales para la defensa de la igualdad del voto, pues todos los ciudadanos, no es privativo de nada más usted es ciudadano y yo también”.
Y añadió: “Cuando se den las decisiones se tendrá que hacer la actividad correspondiente. No se trata de meternos en cuestiones que no nos corresponden, nosotros somos neutrales y tenemos que mantener nuestra imparcialidad, pero hay decisiones que amenazan directamente el Estado constitucional, en donde yo creo que cualquier ciudadano tiene la posibilidad de actuar”, enfatizó el magistrado.
Por su parte, la directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), Juana Fuentes Velázquez, advirtió que una reforma apresurada, fincada en un sólo punto de vista, es inaceptable para los juzgadores federales, ya que pondría en riesgo la democracia y puede poner de rodillas a la República.
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Anunció que “si se decidiera no oírnos y, peor, oírnos para no ser escuchados ni nosotros ni aquellos que también deben ser tenidos en cuenta, y así se aprobase la reforma, las mujeres y los hombres que trabajamos en los tribunales y juzgados del país habremos de considerar las vías de acción que se requieran para enmendar el despropósito”.
En tanto, Patricia Aguayo Bernal, representante de trabajadores del PJF, señaló que el Poder Judicial de la Federación es la única instancia de este país que no se ha doblegado a los “caprichos presidenciales obedecidos por el Cártel Legislativo, ni ha sucumbido ante los constantes ataques proferidos desde Palacio Nacional”, por lo que, dijo, la única opción que han encontrado viable es modificar la Constitución para contar con una Constitución a modo.
“Se pretende justificar esa reforma para modernizar al PJF, para que cuente con órganos efectivos para combatir la corrupción, la impunidad, el nepotismo, tráfico de influencias y abusos existentes, cuando tales aspectos deben ser de inmediata implementación, pero dentro del Poder Ejecutivo y no dentro del PJF, que funciona de manera transparente y rinde cuentas a la sociedad al hacer públicas las todas sus resoluciones y aspectos relacionados con su funcionamiento”, concluyó Aguayo Bernal.
