Las más de 2.7 millones de personas deportadas bajo la figura del Título 42, la falta de funcionalidad de la aplicación CBP One para generar una cita de atención y la poca empatía, sensibilidad y políticas del gobierno mexicano para atender a los migrantes, fueron los ingredientes del caldo de cultivo que detonó la tragedia en la que 39 murieron ayer durante un incendio en el asilo provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez.

Así lo considera la experta en seguridad y migración, , que además asegura que así como en este estado del norte del país, los albergues de la frontera sur y en el centro de México son una olla de presión ante cualquier eventualidad que pudiera ocurrir pues no se cuenta con los protocolos de atención y protección a la vida de los migrantes al ser centros provisionales, no de planta.

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Al respecto, dirige la responsabilidad a las políticas migratorias de Estados Unidos que no han sido actualizadas desde la pandemia y permiten que personas de 8 nacionalidades sean deportadas a México sin analizar sus casos, únicamente con la presunción de que su salud es una amenaza para el país.

A la par, en México el asunto se salió de las manos de las autoridades migratorias que al verse rebasadas tienen poca o nula posibilidad de ofrecer estancia legal en el país.

Estos dos hechos en conjunto detonan naturalmente un deterioro en la salud de quienes salen de sus países de origen por causas como violencia, falta de trabajo u otras para buscar una mejor vida y los orilla a protestar para exigir garantías por su derecho a una vida digna.

“Estaban con la esperanza de cumplir con las medidas de ingreso (a EU), como no las cumplen por diferentes causas ajenas a ellos, se detonan diferentes manifestaciones en reflejo a su desesperación. Tan solo la semana pasada vimos más de dos movilizaciones amplias”, informa Eunice Rendón.

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Asimismo señala que si bien los migrantes provocaron el incendio, es injusto señalarlos y criminalizarlos como lo hizo esta mañana durante su conferencia matutina pues cada instancia migratoria debe contemplar protocolos no solo para incendios, sino terremotos, inundaciones, enfermedades virales o cualquier otra eventualidad.

“Aunque los migrantes hayan puesto a fuego los colchones nada justifica el hecho porque se debieron tener los medios para resguardar la vida de las personas, que aunque estaban en detención, siguen estando bajo la custodia del estado”.

En este caso fue un incendio, pero para cualquier eventualidad debe haber un protocolo y alguien responsable por lo que al inicio y al final de las investigaciones no se debe culpar a los migrantes”, apunta.

Llama a las autoridades y a la sociedad a ver este hecho como una reflexión sobre la corresponsabilidad que tienen tanto México como Estados Unidos, para ampliar vías legales de migración y generar políticas de integración más empáticas y realistas, pues el aseguramiento de las fronteras amenaza la vida de los migrantes sin abonar a sus garantías porque el flujo de personas en situación de movilidad nunca se detendrá.

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