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La corrupción nunca salió de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y se mantuvo intacta con Javier Jiménez Espriú , con funcionarios que hacen constructoras gracias a prestanombres y una añeja “hermandad” de directores y funcionarios de la dependencia en puestos estratégicos de todo el país para autolicitarse y adjudicarse obras, acusaron empresarios.
Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de la mafia del poder, la SCT “es el referente” y nunca se fue esa mafia, acusó Fernando González, director general del grupo Constructor LoFer, quien fue respaldado por diputados federales y empresarios de Veracruz, Puebla, Jalisco, San Luis Potosí, quienes denunciaron que ahí no ha pasado “la escoba” que barra la corrupción .
En rueda de prensa virtual, con los diputados de Morena José Ricardo del Sol Estrada, Alfredo Vázquez, Absalón García, y del PRD Azucena Rodríguez, los constructores acusaron las irregularidades que prevalecen en la SCT y por lo cual vieron positiva la salida de Jiménez Espriú.
De manera particular acusaron que bajo su gestión siguió la protección que durante sexenios pasados se ha dado a la “hermandad” en la SCT, pues el exsecretario dejó a 30 de 32 delegados estatales de la SCT del sexenio priísta y solo los rotó de estado, por lo que todo sigue igual.
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“Existe una hermandad de directores generales se cambian de lugar, pero sigue teniendo el poder y tienen personas estratégicamente ubicadas desde directores a residentes generales por estado”, insistió González.
Un ejemplo, Ernesto Cepeda Aldape, funcionario de la SCT involucrado en el “ socavón ” del Paso Exprés en Cuernavaca , hoy director general del centro SCT en San Luis Potosí - quien también pasó por Jalisco- y enfrenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), pero está “protegido” desde la Secretaría, en la Ciudad de México.
Jorge Pascual Beltrán, de la Asociación Mexicana de Construcción potosina, acusó penalmente a Cepeda Aldape el 13 de febrero (FGR 265/2020) porque “el delegado y la SCT entregan a las empresas, previo a ser publicadas en Compranet, las bases de licitación, catálogo de conceptos, planos, documentos un mes antes para que tengan ventaja…es un delito, es corrupción”.
Y la SCT “dormida, cuando hay elementos probatorios del delito de corrupción, ¿quieren pruebas?. Aquí están, ¿o quieren video de la entrega del moche que por cierto es del 20% en San Luis Potosí?”, reclamó.
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Tampoco acudir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha servido mucho, pues, informó, se denunciaron anomalías en fallos empresas ganadoras, se consiguió anularlos y se permitió a las mismas firmas reponer para volver a ser adjudicadas.
Reportó además que en junio de 2019 se dio vista contra el director de SCT en SLP –Cepeda Aldape- y el titular de la Comisión Estatal del Agua “que tiene empresas constructoras y tiene varias licitaciones y empresas de las que se ha beneficiado”, solicitó investigación al mismo David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y está “documentada, registrada y con poco avance”.
Marcos Salas Ochoa, de la confederación Nacional de Industriales y Constructores de Veracruz, señaló el caso de Adalberto Vega Regalado, constructor de Monterrey, y hoy director general de SCT en Veracruz y quien “beneficia empresas del norte del país”.
“Tenemos que unirnos para acabar con esas hermandades en todos los estados, es el mismo clamor en todos los estados”, acusó.
Además, señaló González, de Grupo Lofer, “están surgiendo nuevos constructores que son testaferros de funcionarios de Veracruz. Ellos mismos se licitan, ellos mismos se dan los fallos, se asignan las obras y se quedan con el programa completo…esto sucede en el ámbito federal [..] Hay empresas donde son familiares y cuatro hermanos casi llevan el total de obras públicas del estado”.
En la rueda de prensa también estuvieron Francisco Javier Tejeda, Presidente en Puebla de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) y Gabriel Rivera Cerdán, Presidente de la Coparmex, en Tlaxcala.
Cerdán demandó al presidente López Obrador que cumpla con la regionalización de obras para abaratar costos pues contrario a ello se ha favorecido a constructoras del norte del país, y la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedatu) asigna obras y no ve que concluyan.
“Estamos desesperados nos está atacando la pandemia y aparte vemos que el desarrollo de infraestructura del sur se los llevan empresas familiares o de conocidos que solamente se prestan la razón social….Si quieren construir que (funcionarios) dejen el cargo y se dediquen a participar al igual que nosotros”, demandó.
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