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El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, declarará que los empleadores de trabajadores domésticos no estén obligados a inscribirlos al Seguro Social, pero serán responsables de los riesgos y enfermedades que puedan sufrir sus trabajadores durante su desempeño.
De acuerdo con el proyecto al que EL UNIVERSAL tuvo acceso, Pérez Dayán prevé declarar que —conforme a la Constitución federal— quien contrata a alguien para la prestación de un servicio doméstico debe pagar por las enfermedades o riesgos de trabajo que la persona pueda tener en el hogar de quien lo contrató: “El esquema de aseguramiento para empleados domésticos comprende prestaciones en especie de los seguros de riesgos de trabajo y de enfermedades y maternidad, así como de los seguros de invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez”, señala.
“Protecciones sociales que se armonizan y comportan con las diversas incluidas en los seguros que comprende el régimen voluntario del IMSS, lo cual genera la suficiente convicción para concluir que el acceso a ese régimen cumplimenta con los estándares constitucionales y convencionales del derecho humano a la seguridad social, ya que brinda las protecciones estatales necesarias para que los trabajadores domésticos no se vean indebida o desproporcionalmente afectados, desde una perspectiva económica, en caso de que se generen imprevistos y acontecimientos que puedan depararles un riesgo a su proyecto de vida digno”, indica.
El asunto derivó de un juicio de amparo en el que se cuestionó la constitucionalidad de que los patrones no estén obligados por ley a inscribir a los trabajadores domésticos ante el IMSS.
En su proyecto, el ministro declara la constitucionalidad de no obligar a las personas a inscribir al Seguro Social a los trabajadores del hogar, pero establece que son responsables de la integridad del trabajador.