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Con la absolución de los presuntos responsables del asesinato de su hijo Javier, que supuestamente también están vinculados con la desaparición de su hija Guadalupe, la fiscalía de Guanajuato le arrebató a Javier Barajas y María del Tránsito Piña la justicia que habían conseguido.
En charla con EL UNIVERSAL, la pareja de defensores de derechos humanos dice que el Poder Judicial guanajuatense los golpeó duro, primero con el secuestro de Lupita, luego con el homicidio de Javi y ahora con el fallo que, señalan, evidencia que su estado no se duele por las miles de víctimas del crimen organizado, pues lo rige la impunidad.
“Tenemos impotencia. Me dicen: ‘Profe, ya le mataron a los hijos, ¿ahora espera que le maten a la mujer?’. Pero tenemos las pruebas suficientes para obtener una sentencia condenatoria y no esperábamos que nos fallaran de esta manera cuando tenemos el afán y la voluntad de buscar justicia por nuestros hijos y por los de otros.
“Yo no tengo miedo a perder la vida porque esa ya se la llevaron con nuestros hijos, tengo miedo a que no haya verdad y justicia porque significa que no habrá para otra gente. Sí, yo quiero una buena justicia para mis hijos, pero también que sea precedente para que nadie sufra como nosotros”, dice Javier Barajas.
Guadalupe Barajas Piña desapareció el 29 de febrero de 2020. Por un año, su hermano Javier realizó una búsqueda intensa hasta que logró identificar el cuerpo de su hermana en una fosa clandestina junto con otros 80 en su natal Salvatierra.
Aunque pudieron despedir a su hija y hermana, la familia Barajas Piña se unió a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas; incluso Javier se integró a la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) para hacer justicia por otros y prevenir más casos como el de Lupita, pero su intenso activismo culminó con su asesinato el 29 de mayo de 2021.
Como si hubiera sido ayer, doña María es capaz de describir a detalle las últimas horas que compartió con Javi y Lupita. De igual forma denuncia la criminalización, negligencias y obstaculización de la justicia de parte de la fiscalía que han enfrentado para esclarecer ambos casos.
El apoyo del Centro Prodh, el reconocimiento de Front Line Defenders, el respaldo de colectivos de buscadores y el collar de cruz que Javi usó el día en que lo mataron son su fortaleza y recordatorio de que el dolor no debe paralizarla hasta que los responsables reciban una sentencia condenatoria ejemplar.
“Desde que desapareció Lupita, la fiscalía dijo: ‘No crean que el caso de su hija es especial’ y nos dimos cuenta que teníamos que movernos porque ellos no lo iban a hacer. A su papá Javi le decía: ‘Papá, la justicia es ciega’, pero nuestra convicción de padres y de defensores de derechos humanos nos hizo resistir para ayudar no sólo a mi hijo, sino a otros. Por eso nos duele que nos falle el Estado”, considera María.
Gracias al aporte de pruebas, peritajes, información extraída de la intervención de líneas telefónicas, testimonios y material de evidencia, como el arma de fuego con la que le quitaron la vida a Javier el 2 de julio de 2021, se ejecutó la orden de aprehensión contra los dos homicidas y uno de los acusados también fue procesado por la desaparición cometida en contra de Guadalupe.
Sin embargo, con el argumento de que no existen elementos probatorios suficientes para condenarlos, un juez ordenó su absolución que, aunque no los deja en libertad porque están siendo juzgados por otros delitos, sí pone en riesgo las vidas de María del Tránsito Piña y de Javier Barajas, según manifiestan.
Los maestros rurales, que antes de ser activistas ya se dedicaban a la labor social, presentarán una apelación en los próximos días con la confianza en que el Poder Judicial de Guanajuato sea sensible con el contexto de desapariciones y reconsidere un castigo para los homicidas.
“Hay momentos en que no queremos seguir y nos da miedo que [las autoridades] nos vuelvan a fallar, pero tenemos que seguir en pie, no solo por nuestros hijos, sino por todos los desaparecidos de Guanajuato”, indica Javier Barajas.
