Más Información
nacion@eluniversal.com.mx
Desde el sexenio pasado los casos de corrupción, colusión de funcionarios con delincuencia organizada, nepotismo, acoso sexual y hostigamiento laboral, entre otros, han hecho del circuito judicial de Jalisco el dolor de cabeza del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Por ello, la administración del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, se ha enfocado en solucionar los problemas que presenta el Tercer Circuito, ubicado en Jalisco.
A finales de 2018, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) recibió un mapa en el que se identificaron los estados del país donde hay indicios de corrupción por parte de jueces y magistrados federales.
Un documento entregado al pleno del CJF por el entonces ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales —al que tuvo acceso EL UNIVERSAL—, detalla que las entidades señaladas como “focos rojos” son Jalisco, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Zacatecas.
Se ha puesto más énfasis en el circuito de Jalisco, que se ha considerado foco rojo desde la administración del ministro en retiro Juan Silva Meza (2011-2014), quien ante los constantes reportes de casos de corrupción ordenó investigar a funcionarios judiciales.
Esto significó la readscripción o inicio de procedimientos disciplinarios contra jueces, magistrados, secretarios y otros funcionarios adscritos a juzgados y tribunales federales en Jalisco; muchas fueron impugnadas y resueltas por la Corte.
La gestión de Aguilar Morales, a través de la Unidad de Investigación de la Comisión de Disciplina del CJF, también inició indagatorias contra funcionarios del PJF en Jalisco.
Estas investigaciones han incluido la revisión de los expedientes que conocen los funcionarios cuestionados y sus resoluciones, así como sus declaraciones patrimoniales.
Fuentes federales confirmaron a EL UNIVERSAL que el pleno del CJF también ha solicitado la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda para identificar posibles anomalías en los ingresos de los funcionarios.
A pesar de que la “purga” del Tercer Circuito inició hace ocho años, aún continúa con problemas de corrupción e irregularidades.
El pasado 3 de mayo el ministro presidente Zaldívar Lelo de Larrea informó que particularmente en la entidad se ha iniciado una renovación del circuito con cambios de adscripción, investigaciones y procesos disciplinarios contra jueces y magistrados federales.
“Particularmente en el estado de Jalisco, que es uno de los circuitos en los que nos reportaron que se han estado dando problemas de diversa índole, hemos iniciado una renovación del circuito. Nos parece que es importante hacer cambios de adscripciones para tener sangre nueva”, explicó.
El caso más reciente fue el de un magistrado federal de Jalisco a quien la UIF congeló cuentas bancarias que suman 50 millones de pesos, según lo informado por el titular de la entidad, Santiago Nieto.
El funcionario no mencionó el nombre del magistrado, pero dijo que se le señala por haber otorgado de manera irregular amparos a favor de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En abril pasado, el senador Ricardo Monreal envió un escrito al ministro presidente de la Suprema Corte en el que afirmó que el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, titular del Sexto Tribunal Unitario del Tercer Circuito, tiene autos de lujo, inmuebles que exceden los 10 millones de pesos, que se reunió con familiares de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del CJNG, y que concedió un amparo en el que ordenó la liberación del hijo de éste, quien estaba acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada.
El magistrado fue reubicado a un tribunal federal en Chilpancingo, Guerrero.
Las fuentes consultadas explicaron que en los casos en los que los funcionarios señalados por posibles actos de corrupción han sido reubicados, como ocurrió con el magistrado Avelar, todavía no se ha reunido evidencia suficiente para notificarles formalmente el inicio de una investigación en su contra.
Una vez que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) notifica a jueces y magistrados que forman parte de alguna indagatoria, el reglamento indica que se les debe suspender del cargo para no comprometer las investigaciones.
La purga de Jalisco. EL UNIVERSAL realizó un recuento de los recursos de revisión tramitados por los integrantes del PJF en Jalisco que han sido investigados, readscritos y, en algunos casos, sancionados por el Consejo de la Judicatura desde la administración de Juan Silva.
Así, entre 2011 y 2014 los funcionarios de Jalisco presentaron 16 recursos de revisión, de los cuales cuatro no prosperaron. El resto de los recursos prosperaron y las resoluciones emitidas en pleno y salas ordenaron justificar las readscripciones, regresar a los jueces o magistrados a sus cargos en Jalisco, invalidar destituciones o aplicar sanciones mínimas.
Entre 2017 y 2018 la Corte ordenó el inicio de 36 procedimientos disciplinarios contra jueces, magistrados y secretarios federales, de los cuales siete involucran a funcionarios de Jalisco; cuatro han presentado recursos de revisión.
Una de las readscripciones ordenadas por el actual presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, fue impuesta a uno de los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito con residencia en Zapopan, a quien ordenaron reubicar en el Primer Tribunal Colegiado de Durango, Durango.
Esta medida ya fue impugnada por el magistrado involucrado ante la Suprema Corte, sin embargo, hasta el momento no ha sido emitida resolución alguna.
