Jaime Martínez Veloz
, excandidato del PRD a la elección de gobernador de Baja California, anunció que si el Congreso local retiene todavía más la entrega al Ejecutivo del decreto que amplía de dos a cinco años el periodo del gobierno del estado, emprenderá un “Éxodo por la Democracia” a la Ciudad de México, como lo hizo el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador , en los años 90.
El recorrido de protesta por la violación a la Constitución y a la ley, dijo Martínez Veloz, partiría de Tijuana y duraría 15 días, entre la segunda y la tercera semanas de octubre.
Dijo que tiene documentada la entrega de dinero a los diputados que aprobaron la "Ley Bonilla"
, que recibieron cantidades que van de los 200 mil dólares a los 400 mil dólares.
Además, el acta del cabildo de Rosarito “de la sesión en la oscuridad” que ratificó el cambio en el plazo para el periodo de gobierno carece de legalidad, porque a su vez no fue validada.
Martínez Veloz asistió a la plenaria de esta fuerza política en el Congreso de la Unión en el Senado, que le brindó su respaldo
El presidente interino del PRD, Ángel Ávila Romero ; la coordinadora de la bancada perredista en San Lázaro, Verónica Juáre z; y el dirigente del grupo en el Senado, Miguel Ángel Mancera Espinosa , expresaron el apoyo de esta fuerza política a la marcha en protesta por las violaciones a la ley que afectan, señalaron, a la democracia en México, que se cometieron en el Congreso de Baja California.
El “Éxodo por la Democracia” que propone llevar a cabo Jaime Martínez Veloz lograría su cometido si se logra que el actual Congreso del estado con mayoría de Morena, envíe al Ejecutivo el decreto de la Ley Bonilla y la publica.
Con esto se podría interponer recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impedir que tenga validez la ampliación de mandato de dos años, votado en las urnas por el de cinco que aprobaron diputados y en principio tres de cinco cabildos.
Martínez Veloz en su acopio de pruebas señala que en Rosarito, el acta que ratifica la Ley Bonilla nunca fue avalada y no tiene validez jurídica.
Jaime Martínez Veloz reclama que el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se pronuncia sobre todo asunto, diga a la nación si apoya la Ley Bonilla o la considera inconstitucional, como lo dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
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