Familiares de víctimas de distintos delitos se manifestaron ayer por la tarde en la Secretaría de Gobernación (Segob) y amagaron con tomar las instalaciones de la dependencia, por lo que autoridades acordaron establecer mesas de trabajo la próxima semana para atenderlos.
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, participará en las reuniones con los manifestantes.
Dos de ellos son Silvia Castillo, madre de un joven asesinado en San Luis Potosí, y Roberto Cuello, padre de una niña víctima de abuso sexual, quienes ingresaron por la fuerza a la Segob alrededor de las 12:00 horas para exigir la detención de los responsables de los crímenes.
Ambos participaron hace dos meses en la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la Ciudad de México, pero en esta ocasión los padres salieron de la Segob luego de exponer sus casos ante una comitiva de funcionarios.
Aunque jurídicamente Silvia Castillo debe acudir a la Fiscalía de San Luis Potosí porque el asesinato de su hijo debe ser investigado por esta dependencia, decidió ir a Gobernación porque las autoridades de ese estado no han avanzado en la investigación de los hechos.
“¡Esto es por ti, Alan!”, exclamó Silvia Castillo mientras trepaba las rejas de la Segob, ubicadas en la calle Abraham González, para finalmente llegar a un balcón y ahí amarrarse en un tubo metálico con la ayuda de una agujeta.
Comitiva de atención
Servidores públicos de la CNDH, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de la Subsecretaría de Derechos Humanos fueron los encargados de dialogar y escuchar sus demandas.
Sin embargo, aproximadamente a las 15:00 horas, otros familiares de niños que perdieron la vida hace 11 años en el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, también entraron a la institución por la fuerza y exigieron una reunión con Alejandro Encinas.
Estos manifestantes instalaron un plantón desde el pasado lunes afuera de la Secretaría de Gobernación para protestar por el siniestro en Hermosillo, en el que perdieron la vida 49 menores de edad.
Asimismo, los inconformes colocaron una estructura de metal con cruces blancas donde se muestran los nombres de los pequeños que fallecieron.
Los padres de estos pequeños han exigido que la CEAV les repare el daño a través de compensaciones económicas, atención médica, sicológica, apoyos económicos de alimentación, así como vivienda por las afectaciones de hace 11 años.
