Jaqueline Vázquez es una adolescente de 16 años que denunció ser víctima de violencia por parte de su madre y su tío; aunque ha alzado la voz y solicitado el apoyo de diversas autoridades, hasta la fecha no ha sido escuchada.
Así como Jaqueline, miles de niñas, niños y adolescentes en México están atrapados en una burbuja de miedo y dolor en el espacio que llaman “hogar”.
De acuerdo con Mauricio Vázquez, padre de la menor, la presunta violencia ejercida por su expareja y madre de la joven, Patricia, inició en 2018, cuando Jackie, como es llamada de cariño y su hermana Camila le dijeron que habían sido golpeadas y privadas de alimentos. Incluso denunciaron que el hermano de su progenitora les había hecho tocamientos indebidos.
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Por ese motivo ese año se abrió una carpeta de investigación ante el Ministerio Público y se inició un juicio de pérdida de patria potestad y cambio de guardia y custodia.
Han pasado al menos cinco años y el caso de ambas menores sigue detenido y la situación parece empeorar, pues Mauricio y su abogado señalan que las menores no han sido escuchadas por las autoridades; se encuentran en manos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), organismo que no les ha permitido ver a su progenitor. Además denuncian que las dos menores tampoco pueden asistir a la institución educativa donde estudiaban.
“Aquí en los tribunales y juzgados de Metepec [Estado de México] lamentablemente ya ha pasado muchísimo tiempo, aproximadamente cinco años y probablemente es por la situación de que se ha tramitado mucha paja dentro de los asuntos y no se han dedicado a lo importante que es escuchar a las menores”, señala Abad Villanueva, abogado de Mauricio.
El artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño destaca que los menores tienen derecho a expresar sus opiniones en todos los asuntos que les afectan en función de la edad y madurez del niño; por ello la participación activa de los menores y adolescentes en la identificación y solución de los problemas forman parte de la garantía de sus derechos humanos.
Según la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado, Josefina Vázquez Mota, en los últimos años se ha invisibilizado casi por completo a los niños. Señala que las instancias que podían haberse fortalecido y mejorado no lo hicieron, al contrario, ha existido un mayor desamparo, vulnerabilidad y se han registrado más casos, sostiene, de “violencia brutal”.
“El escenario más dramático es cuando una niña o un niño denuncia, para lo cual se requiere un enorme valor y un profundo dolor y no le creen, y no solamente no le creen sino hay una desprotección total a su interés superior a su vida”, señala la senadora.
Alejandra Sánchez, fundadora del colectivo Vasta, formado por madres víctimas de violencia vicaria a nivel nacional, denuncia que desde su experiencia los impartidores de justicia malinterpretan el interés superior del menor y lo usan para desentenderse de su obligación de protegerlos porque sólo se enfocan a cuidar el derecho a la familia, pero los niños también tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, al esparcimiento y la educación, a ser escuchados y tomados en cuenta en los procesos que los involucran. “En los casos en los que un progenitor ejerce violencia sobre los niños no pueden decir y darle más importancia al derecho sobre la familia, porque tienen que proteger a ese niño de la violencia que están ejerciendo. (...) Hay casos en los que estamos de acuerdo en que es posible una revinculación, pero cuando un padre o una madre es agresor de una infancia no es posible esa revinculación y no debe generarse ese estrés a los niños”, dijo.
Aunque hasta la publicación de este trabajo periodístico la madre de las menores decidió no emitir ninguna declaración para no entorpecer el caso, activistas señalan que la mujer podría ser víctima de violencia vicaria, debido a que no descartan la posibilidad de que su expareja busque dañarla a través de las menores.
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De acuerdo con Mildred Sainz, representante nacional de Cam Cai, la violencia vicaria es aquella violencia de género en que la mujer, al no estar al alcance de un agresor, puede ser dañada a través de terceras personas como los hijos, padres, pareja e incluso mascotas.
Pese a que la incidencia es mucho mayor en mujeres, Vázquez Mota y Sánchez coinciden en que existen casos en los que la madre puede violentar a los menores para afectar a su expareja; sin embargo, aclaran que este caso no debe confundirse con la violencia vicaria.
“No se contempla a los hombres en este tipo de violencia, pero eso no quiere decir que no reconozcamos que hay mujeres que violentan a sus hijos, claro que hay mujeres que violentan físicamente, sicológicamente, económicamente y hasta sexualmente a los hijos, pero los hijos están protegidos en estas leyes y existe la violencia familiar y ahí está contemplado cuando se les genera violencias físicas, económica, patrimonial o sexual a niñas, niños, mujeres y hombres”, destaca Sánchez.
Para tomar acción al respecto, Vázquez Mota señala que como Estado mexicano debe emprenderse un cambio en la sociedad, en las comunidades, la familia y la escuela; generar ambientes de confianza, de respeto, de credibilidad a la voz de los niños; que los sistemas de impartición de justicia también se capaciten, no se victimice a los menores, se cuente con sicólogos y siquiatras para dialogar y hablar del lenguaje de los niños.
El Balance anual sobre la situación de los derechos de infancias y adolescencia en el país que fue presentado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) destacó que 2023 fue un año en el que niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de asesinatos, secuestros, reclutamiento, desapariciones y otras graves violaciones que atentaron contra sus derechos.
Asimismo, señala que fue un año en el que los menores estuvieron en riesgo de sufrir un retroceso en materia de la garantía de los derechos de las infancias en México.
De acuerdo con las cifras de incidencia delictiva del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México se han reportado 2 mil 759 delitos contra personas de 0 a 17 años durante enero de 2024; en el Estado de México, Nuevo León y la Ciudad de México es donde se han registrado más casos.
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