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El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén, advirtió que no existe capacidad operativa y jurídica para recibir a los migrantes que envíe Estados Unidos a México para que esperen el desarrollo del proceso legal de asilo.
“En el corto plazo, el Instituto Nacional de Migración no tiene capacidad para operar este tipo de programa”, advirtió.
Guillén manifestó que aunado a ello se requiere reformar la Ley de Migración, toda vez que no contempla la figura de que los solicitantes de asilo en Estados Unidos lleven su proceso en México.
“En tanto no se resuelva con claridad este contexto, que es sobre todo de naturaleza jurídica y además operativa, no podremos instrumentar ninguna medida de recepción de migrantes que estén solicitando asilo en los Estados Unidos”, explicó.
Ayer, el gobierno del presidente Donald Trump determinó que retornará a México a toda persona indocumentada no mexicana que ingrese a su territorio de manera irregular por la frontera común entre ambas naciones y que haya solicitado asilo.
Detalló que esperará en nuestro país mientras se desarrolla un proceso legal para obtener o no el asilo.
Ayer, defensores de los inmigrantes en EU rechazaron la medida. “Esto niega los derechos fundamentales humanos e internacionales de los migrantes”, declaró Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA, por sus siglas en inglés).
“La gente tiene el derecho de buscar un país donde se sienta segura y donde no peligre su vida. Nosotros muy bien sabemos que en México también hay un gran nivel de inseguridad”, agregó la activista.
Por su parte, la organización Niños Necesitados de Defensa (KIND) vaticinó que “esta medida pondrá aún más en riesgo la seguridad y la vida de los menores”.
Para Amnistía Internacional, el acuerdo viola las leyes internacionales y estadounidenses.
“Este acuerdo es una clara violación del derecho internacional, se opone a las leyes de Estados Unidos aprobadas por el Congreso y es una respuesta cruel a las familias e individuos que huyen para salvar sus vidas”, señaló en una declaración su directora ejecutiva, Margaret Huang.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) dijo que cerrar la frontera a personas que han recorrido miles de kilómetros buscando seguridad en Estados Unidos es una “afrenta a los valores” de ese país.
“Obligar a los demandantes de asilo a quedarse en México es la última de una serie de medidas crueles impulsadas por el gobierno de Trump, que están fundamentalmente en contra del compromiso de nuestra nación de dar protección a quienes huyen de la persecución”, dijo Chris Rickerd, asesor principal de la organización.
