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La Procuraduría General de la República (PGR) inició diversas investigaciones contra los funcionarios acusados de torturar a algunos de los implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y por las irregularidades detectadas por un tribunal federal en la averiguación previa del caso Iguala.
La PGR afirmó que en sus dictámenes periciales se concluyó que no existió tortura.
En junio pasado, el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito determinó que la investigación no se ha enfocado en encontrar a los normalistas, por lo que ordenó crear una comisión de la verdad.
Los magistrados concluyeron que la PGR no logró desvirtuar las acusaciones de tortura, por lo que ordenaron realizar peritajes independientes con base en el Protocolo de Estambul; debían realizarse a 15 de 34 coinculpados, sin la participación de peritos adscritos a la PGR, procuradurías estatales, Policía Federal y las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y la Marina (Semar).
Fuentes federales confirmaron que los especialistas concluyeron que existe “presunción de que pudiera haber tortura”, por lo que actualmente la Fiscalía Especializada en Investigación de Tortura mantiene abiertas diversas indagatorias.
Entre los investigados están dos policías que pasaron de ser testigos en el caso a indiciados por actos de tortura contra los imputados.
De los implicados que promovieron el amparo, el pasado 26 de septiembre EL UNIVERSAL informó que ocho de ellos han obtenido auto de libertad por acusaciones de delincuencia organizada; sin embargo, permanecen presos debido a que aún pesan en su contra acusaciones relacionadas con el secuestro y homicidio de los estudiantes.
Hasta ahora, han sido detenidas 142 personas por el caso Iguala, de las cuales 21 han sido liberadas, a 69 se les relacionó directamente con el secuestro de los normalistas, 50 más tienen otros delitos en su contra y otros dos lograron auto de libertad por el plagio de los estudiantes, pero permanecen presos porque enfrentan otros cargos.
