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La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga irregularidades en el programa de Comedores Comunitarios, clave en la Cruzada contra el Hambre que encabezó el expresidente Enrique Peña Nieto, debido a un presunto mal manejo de mil 323 millones de pesos.
La antigua Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), dependencia responsable de los comedores comunitarios, está bajo la lupa por ese tema, además de Diconsa, la red de abasto que se encargaba de equiparlos y entregarles alimentos.
Parte de la investigación de la Función Pública se centra en 15 facturas con valor de 311 millones 940 mil pesos, las cuales fueron emitidas durante 2018 y no tienen vales para comprobar que Diconsa entregó todos los bienes por los cuales se le pagó.
Entre esas facturas destaca la número DDFFTC10002050, en la que incluso se observan compras que nada tienen que ver con el servicio de alimentación.
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El documento, del cual EL UNIVERSAL tiene copia, comprueba que Desarrollo Social realizó un desembolso de 69 millones 468 mil pesos a cambio de 285 mil playeras de cuello redondo.
De igual forma se pagaron 40 millones 968 mil pesos por 285 mil gorras y se gastaron 3 millones de pesos en 2 mil portapasaportes.
La Sedesol entregó a Diconsa un millón 856 mil 250 pesos a cambio de 2 mil 700 camisas.
La dependencia pagó 798 mil pesos por mil 600 agendas y realizó otro gasto de 700 mil pesos por 800 agendas con memorias USB.
La SFP no sólo indaga estas compras que se realizaron con dinero supuestamente destinado a alimentar a la población más vulnerable del país, sino que también encontró que todos estos objetos fueron comprados a sobreprecio:
“Se llevó a cabo un análisis de precios, a través de un sondeo de mercado con diversos proveedores, como resultado se observó que existe un sobreprecio en los conceptos pagados en esta factura que representa un 89.87%”, señaló.
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En los documentos se expone que Diconsa pagó mil 500 pesos por cada portapasaporte, mientras que en el mercado estos bienes tienen un costo de 400 pesos.
En el caso de las agendas con memorias USB, cada una tiene un valor de 600 pesos y la Sedesol gastó 875 pesos por unidad.
En cuanto a las camisas se destinaron 687 pesos para cada una, mientras que en el mercado su valor es de entre 259 y 309 pesos. Por gorra se pagaron 143 pesos, siendo que su costo oscila entre 89 y 119 pesos.
El resto del dinero se usó para comprar —también a sobreprecio— mandiles y pañoletas de gabardina para comedor.
En 2018, año en el que se basa la investigación de los comedores comunitarios, hubo dos responsables en la Sedesol: Luis Miranda Nava y, a partir del 10 de enero de 2018, el sexenio en la dependencia fue cerrado por Eviel Pérez Magaña.
Ambos llegaron a ocupar el mismo cargo que Rosario Robles Berlanga, acusada de desviar más de 5 mil millones de pesos.
Detectan más inconsistencias en facturas
Los comedores comunitarios comenzaron a operar durante el sexenio anterior y hasta agosto de 2018 tenían registrados a 612 mil 406 beneficiarios, de los cuales, 362 mil 144 eran mujeres y 250 mil 262, hombres.
Se sabe que en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto había 5 mil 626 comedores comunitarios en 869 municipios del país.
En el Estado de México había más (2 mil 9), seguido de Guerrero (mil 200), Michoacán (500), Chiapas (431) y Veracruz (261).
Esos sitios se distinguían porque cobraban sólo 10 pesos a los ciudadanos para que accedieran a una comida completa; sin embargo, este programa social fue concluido luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegurara que había casos de corrupción.
“Ya no existe la Sedesol ni sus prácticas, se terminan alrededor de 30 años de programas electoreros que sólo mediatizaban, incurrían en corrupción utilizando el nombre de gente humilde y pobre, eso se termina”, afirmó el titular del Ejecutivo en una de sus conferencias del año pasado.
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De acuerdo con la investigación de la Función Pública, en 2018 la Sedesol entregó 2 mil 546 millones 572 mil pesos a Diconsa; sin embargo, ahora se indaga si hubo malos manejos en poco más de 50% de esos recursos.
El Estado de México es la entidad en la que más irregularidades hubo, puesto que ahí se indaga el mal uso de 473 millones 906 mil pesos.
Posteriormente se encuentran Guerrero, con 215 millones 933 mil pesos; Chiapas, con 80 millones 791 mil; Michoacán, con 62 millones 537 mil; Oaxaca, con 57 millones 648 mil, y Puebla, con 21 millones 134 mil pesos.
En el resto de los estados de la República las irregularidades de este tipo van desde los 7 mil pesos hasta los 16 millones de pesos.
A la investigación que abrió la Secretaría de la Función Pública se agregaron otros elementos que no tienen relación con el ejercicio de los recursos públicos; sin embargo, sí con los resultados y el alcance que pudo tener el programa.
Por ejemplo, se indica que sólo cinco estados concentraban 78% de los comedores, lo que podría haber producido fallas en la operación:
“La focalización de la política pública no se encuentra basada en los criterios de la carencia alimentaria, considerando que los estados de Tabasco, Oaxaca y Michoacán son las entidades con mayor inseguridad alimentaria severa, esto basado en la tabla de carencia alimentaria a nivel nacional”.
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Rescatan auditorías
Para fortalecer aún más su investigación, la Función Pública contempla el trabajo que durante 2016 y 2017 realizó la Auditoría Superior de la Federación (ADF) en torno a la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Por ejemplo, en el documento se señala que en 2017 la ASF emitió cinco observaciones, porque a través del programa de Comedores Comunitarios se realizó un daño o perjuicio a la Hacienda Pública federal por un monto de 123 millones de pesos.
Una de estas observaciones (2017-0-20100-15-0262-06-005) se refiere a que la Hacienda Pública federal recibió un daño de 51 millones de pesos “por la falta de soporte con los recibos correspondientes, de los pagos realizados a Diconsa, por concepto de la compra y distribución de Filipina Chef, Chalecos, Playeras Sport, Mandiles, Pañoletas, Cubre Bocas, Gorras, Chalecos de brigada, Camisas, así como la impresión del recetario”.
La Secretaría de la Función Pública retomó esta auditoría y detectó que los productos señalados también fueron adquiridos con un sobreprecio de 81.77%.
Una opción para la pobreza
Los comedores comunitarios comenzaron a operar como una opción para disminuir la pobreza y el hambre en el país.
Atendía a niños de cero a 11 años, estudiantes de 12 a 19 años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, a personas con discapacidad y mayores de 65 años.
Todos esos sectores tenían en común que vivían en zonas de escasos recursos y eran considerados como vulnerables.
Hasta 2018, la Sedesol había informado que en promedio cada comedor servía 120 alimentos diariamente, lo que significa que a nivel nacional se superaban las 622 mil raciones diarias.
Esta casa editorial informó durante marzo del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador retiró el presupuesto a los comedores comunitarios, que en 2018 todavía habían recibido 3 mil 205 millones de pesos.
A pesar de los daños económicos que este programa social pudo haber sufrido, el informe Evaluación de Consistencia y Resultados 2017-2018 Comedores Comunitarios, realizado por Desarrollo Social, señaló que 92.3% de los comensales consideraban que estos espacios “les permitían mejorar su alimentación, dado que comían más sano y nutritivo, con mayor variedad y en mayores cantidades”.
Sin embargo, en la investigación de la Secretaría de la Función Pública se lee que los comedores sólo operaban cinco días de la semana, por lo que no funcionarían 24 días en tres meses.
