Más Información
La Fiscalía General de la República (FGR) tiene abierta una investigación contra el expresidente Felipe Calderón y su exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna por haber otorgado sin licitación contratos a empresas privadas en los que se presume un daño al erario.
De acuerdo con una fuente de Presidencia, la investigación está relacionada con contratos por casi 300 mil millones de pesos que se otorgaron a través de particulares para la administración de al menos ocho penales que se concesionaron en 2010 y 2011 sin licitación y de manera directa.
Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque se llegó a un acuerdo con las empresas que administraban esos penales, que le cuestan al año 16 mil millones de pesos al gobierno federal, continúan las investigaciones en contra de los servidores públicos que entregaron esos contratos que calificó de leoninos.
“Aclaro que este es un acuerdo de carácter administrativo; en lo judicial, el proceso continúa, sobre todo para que los involucrados en la entrega de estos contratos expliquen por qué se dieron estos contratos en estas condiciones, qué los llevó a decidir que se llevaran a cabo”, dijo.
Explicó que los contratos de ocho reclusorios se entregaron durante el gobierno de Calderón, cuando era García Luna secretario de Seguridad Pública.
“Ocho contratos onerosos que significaban pagar 16 mil millones de pesos al año a las empresas que recibieron las concesiones para administrar esos ocho reclusorios. Ya se llegó a un acuerdo, van a haber ahorros importantes, considerables”, detalló.
En la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se detalla que los contratos fueron suscritos por Gonzalo Villarreal Guerra, entonces coordinador General de Centros Federales; Arturo Sosa Viderique, director General de Administración de la ex-Coordinación General de Centros Federales, y Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, exdirector de Adquisiciones de la misma dependencia.
Son contratos para administrar los penales varoniles de Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Michoacán, Coahuila y el femenil de Morelos.
“Hay que decir que sí, que aún hay procesos penales abiertos para investigar y determinar la responsabilidad de los servidores públicos involucrados que han hecho un daño al patrimonio de México”, señaló la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.
Detalló que los contratos fueron entregados en adjudicación directa y establecía que el inmueble y sus instalaciones, concluida la vigencia en 20 años, seguían en propiedad del proveedor, no del gobierno. Pero con el acuerdo se logró una reducción del costo de 15%, que equivale a 2 mil 390 millones de pesos anuales este año.
“Al término de la administración se generará un ahorro de 10 mil 106 millones de pesos en estos cuatro años y, según cálculos, al finalizar la contratación, el gobierno federal tendrá una reducción de alrededor de 41 mil 496 millones de pesos”, refirió la secretaria de Estado.
