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Uno de los exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) mencionados en la investigación sobre los sobornos para otorgar contratos, el exdirector de Pemex Exploración y Producción (PEP), Carlos Morales Gil, participó activamente en los esquemas de contratación de la subsidiaria de Pemex.
De acuerdo con información de la empresa petrolera, Morales Gil tenía acceso a la información de al menos 600 de los grandes proveedores y contratistas de PEP. Aproximadamente 21 de esas empresas concentraron 50% del gasto que realizó Pemex en construcción y mantenimiento.
Durante el periodo 2010-2014 —él renuncia a la empresa en febrero de 2014— fue responsable de una derrama económica entre empresas constructoras y proveedores por un billón 133 mil millones de pesos, vía contratos de mantenimiento, explotación y exploración, de acuerdo con los registros del Seguimiento de Información Presupuestal de PEP (SINPPEP) y de la entonces Subdirección de Planeación y Evaluación de la subsidiaria.
En 2014 dejó formalizados mil 54 contratos que comprometían recursos de Pemex por 301 mil 312 millones de pesos y mil 531 contratos vigentes, entre convencionales e integrales a los que todavía tendrían que saldarse 643 mil 379 millones de pesos en los siguientes años.
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Entre las empresas que obtuvieron, vía licitación, algún contrato con PEP que dirigía Morales Gil, con vigencia después de su salida de la petrolera figuran: ICA Fluor Daniel, que fue la que más obtuvo recursos vía licitación de obra en construcción con 27 mil 623 millones de pesos entre 2014 y 2017; Cotemar, con 25 mil 152 millones; Dragados Offshore de México, con 16 mil 671 millones; Demar Instaladora y Constructora, con 14 mil 146 millones; Constructora Subacuática Diavaz, con 13 mil 370 millones, y DMGP Servicios de Integridad, Permaducto, con 9 mil 729 millones de pesos.
La lista incluye a Servicios Marítimos de Campeche, ARB Arendal, J Ray McDermontt de México, Iberoamericana de Hidrocarburos, Mantenimiento Marítimo de México, Cobra Instalaciones, Representaciones y Distribuciones, Saipem, Hoc Offshore, Sapurakenacana Mexicana, Subsea 7 México, Servicios Múltiples Burgos, Norpower y Grupo Evya. Todas recibieron contratos por un total que osciló entre 8 mil 771 millones y 3 mil 297 millones de pesos.
Morales Gil es mencionado en las grabaciones como responsable de obtener moches de contratistas por más de 2 mil millones de pesos, recursos que se destinaron a la campaña presidencial del PRI en 2012.
Otra persona mencionada en las grabaciones es Sergio Guaso Montoya, exsubdirector de Desarrollo de Negocios de PEP. Este ex funcionario fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública por tres meses, cuando éste ocupaba el cargo de subdirector de Nuevos Modelos de Ejecución de Pemex Exploración, por supuestas irregularidades en la contratación del consorcio texano EMS Energy Services por un total de 4 mil 300 millones de pesos.
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En 2017, el exfuncionario promovió un amparo en contra del Órgano Interno de Control (OIC) de PEP, según el expediente EXPO:690/2017 en el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.
Aun así, obtuvo el aval del Grupo de Designación, que es el cuerpo colegiado de Pemex para acreditar a los testigos sociales que pueden participar en los procedimientos de contratación en Pemex.
Los lineamientos para regular a los testigos sociales en Pemex y sus empresas productivas subsidiarias señalan que ya sean personas físicas o morales, deberán estar capacitados para atestiguar “con objetividad, independencia, imparcialidad, honestidad y ética los procedimientos de contratación”.
Además, “no haber sido sancionado por conducta grave como servidor público en territorio nacional o en el extranjero” y entregar un escrito en el que se manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no han sido inhabilitados por otros Poderes de la Unión, en los entes públicos de carácter federal, en las entidades federativas, en los municipios… y no haber participado de manera directa o indirecta en cualquier litigio, procedimiento administrativo o judicial en contra de alguna de las empresas productivas”, precisa.
