Una investigación realizada por Causa en Común, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el colectivo Seguridad sin Guerra reveló que los expolicías federales que están dentro de la Guardia Nacional viven una situación de violaciones a sus derechos, falta de certeza laboral, acoso y hostigamiento para abandonar su puesto.
Titulado "Policías al Grito de Guerra: ser policía en una corporación militar", el informe presentado este miércoles por la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera; la directora ejecutiva de la CMDPDH, Lucía Chávez; y la integrante de Seguridad sin Guerra, Marcela Villalobos, señala que desde 2019, que se publicó el decreto presidencial para que en cinco años las Fuerzas Armadas regresaran a sus cuarteles, la Guardia Nacional, compuesta por militares, obliga a expolicías federales a renunciar con bajas voluntarias que realmente son despidos injustificados obligatorios .
Las organizaciones de la sociedad mencionadas recabaron testimonios de los agentes federales que están en la Guardia Nacional, mediante los cuales documentaron las afectaciones laborales y personales contra los exfederales dentro de la corporación dirigida por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González.
"La impunidad militar mata y hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación es cómplice. Cuando la Constitución obligue a las Fuerzas Armadas a regresar a sus cuarteles con qué corporación civil nos vamos a quedar si a las policías federales las están mandando por la puerta de atrás, con una narrativa sin bases, sin ninguna evidencia, sin diagnósticos claros, estamos presentando este documento porque las policías también las que viven a diario está situación", indicó Marcela Villalobos, del colectivo Seguridad sin Guerra.
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La directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Lucía Chávez destacó que las Fuerzas Armadas han cometido violaciones a derechos humanos y actualmente hay más de mil investigaciones en la Fiscalía General de la República por el delito de tortura, en las que se señala al Ejército .
"La militarización de la seguridad pública rompe con el paradigma de lo que debería ser la seguridad ciudadana, porque la lógica militar es de obediencia, combate y guerra contraria a los estándares internacionales en materia de derechos humanos", comentó.
Quejas por violaciones graves a derechos humanos
En materia de quejas ante derechos humanos contra las Fuerzas Armadas , la activista señaló que suman 130 en lo que va del año por violaciones graves a derechos humanos, como tortura, privación de la vida, desaparición forzada, tratos crueles e inhumanos, detenciones arbitrarias.
Y añadió: "Pero suman más quejas de la Guardia Nacional militarizada, son 186. Para 2021 tenemos datos similares, para 2018 cuando no entraba en funciones la Guardia Nacional tenemos datos similares sobre el Ejército, es decir que el Ejército y la Guardia Nacional siguen cometiendo el mismo tipo de violaciones graves a derechos humanos, siguen atentando contra la vida contra la libertad, contra la integridad de los ciudadanos en un marco de absoluta impunidad".
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Por su parte, la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, consideró que el documento refleja que los militares se encargaron de tomar el mando de la Guardia Nacional haciendo a un lado a los agentes de la Policía Federal , quienes tienen conocimientos en materia de seguridad pública.
"No estamos en contra de las Fuerzas Armadas, no estamos en contra de los militares y marinos que tantas cosas hacen por México, estamos en contra de los mandos que decidieron pisar la Constitución y que todos los días deciden pisar los derechos de los miembros de la Guardia Nacional".
Las representantes de Causa en Común, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y del colectivo Seguridad sin Guerra hicieron un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que resuelva las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales sobre la militarización del país.
"Con el tortuguismo que hoy tiene la Suprema Corte de Justicia, es incapaz de resolver", acusó María Elena Morera.
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apr/rmlgv
