Al lamentar el feminicidio de la pequeña Fátima, Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), informó que se encuentra en curso una investigación para determinar si, al hacer omisiones a los protocolos de seguridad, hubo faltas administrativas que ocasionaron que la menor se encontrara en un estado de vulnerabilidad.
En la firma del acuerdo de colaboración entre la SFP y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la secretaria detalló que, a través del Órgano Interno de Control de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, la dependencia a su cargo le dará seguimiento a este asunto, y resaltó la actuación del gobierno de la capital de la República al capturar a los presuntos autores de este feminicidio.
“Esta semana inició con una noticia que nos dolió y nos llenó de rabia a todos los mexicanos: el caso de Fátima, pero también estamos conscientes de que es un nuevo Estado y hay una nueva voluntad política, al haber dado resultado las acciones de las autoridades de la Ciudad de México y de la Fiscalía de la Ciudad de México en la captura de quienes atentaron contra esta pequeña niña de siete años.
“Y desde la SFP vamos a hacer nuestra tarea, vamos a anunciar, aunque ya la estamos realizando, de hecho, una investigación que sea exhaustiva, a través de nuestro Órgano Interno de Control de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, para [saber] si hubo faltas administrativas que llevaran a que esta pequeña se encontrara en una situación de vulnerabilidad tan atroz.
“Tenemos que erradicar las formas de violencia y cualquier vicio de discriminación”, indicó.
Daniel García Cortés, coordinador de Órganos de Vigilancia y Control de la SFP, aclaró que esta investigación es de índole administrativo, a fin de determinar “si existieron responsabilidades a cargo de algunos de los servidores públicos; es muy importante hacer esta distinción, porque no es un tema penal ni uno civil. Es un tema de responsabilidades administrativas.
“Obviamente estamos en la etapa inicial. Lo que estamos esperando es justamente hacer un cierre de pinzas con las demás actividades que se están realizando por parte de las instancias gubernamentales competentes y obviamente se les estará dando la información conducente en los momentos oportunos”.
Ante la pregunta de cuáles serían las sanciones a las que se harían acreedores los funcionarios si se comprueba que hubo alguna responsabilidad en el caso, García Cortés dijo que están establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“Tenemos un catálogo que va desde una amonestación hasta una inhabilitación. Obviamente, para poder decir específicamente cuál sería la sanción, primero necesitaríamos hacer la investigación y, posteriormente, cumplir con las formalidades del procedimiento administrativo”.