Un juez federal declaró inválido el caso con el que la Fiscalía General de la República (FGR) pretendía imputar a los abogados Juan Araujo, César Omar González, Isaac Pérez y al asesor financiero David Gómez Arnau por asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión y lavado de dinero en agravio de Juan Collado, a quienes vinculó con el exconsejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer.
El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna desestimó todos los argumentos que la FGR vertió para solicitar vincular a proceso a los cuatro investigados. Durante la audiencia inicial que duró 23 horas, la FGR señaló en diversas ocasiones a Scherer Ibarra como parte fundamental de la asociación delictuosa de la que imputó a los cuatro investigados. Sin embargo, el exconsejero no fue citado a comparecer.
En sus señalamientos, el fiscal Manuel Granados Quiroz afirmó que los cinco conformaron una asociación delictuosa para cometer tráfico de influencias, a través de Scherer, extorsionar a Juan Collado para quitarle su empresa Caja Libertad y el lavado del dinero que Collado pagó a cambio de las gestiones ofrecidas por González y Araujo.
En la relatoría, el fiscal señaló que, según la denuncia en la que Collado solicitó un criterio de oportunidad, Araujo y González le ofrecieron ayuda con una investigación financiera de la que estaba siendo sujeto por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Que para ello, a través de Scherer, conseguirían una cita con Santiago Nieto, extitular de la UIF, a fin de hacer las aclaraciones pertinentes y posteriormente le entregaron un oficio de esta misma unidad en el que se establece que ni Collado ni sus empresas estaban congelados.
Por esta gestión, Collado aceptó pagar 20 millones de pesos, de los cuales supuestamente entregó 10 millones en efectivo a César Omar González, razón por la que él fue señalado por blanqueo.
En julio de 2019 Collado fue detenido y para ayudarle a salir libre, Araujo y González supuestamente lo obligaron a contratar sus servicios como abogados a través de Isaac Pérez, a quien le pagó millón y medio de dólares como anticipo de los 3 millones de dólares pactados.
Una vez hecho esto, los defensores supuestamente se dedicaron a decirle a Collado que por instrucciones de Scherer debía vender Caja Libertad y que para ello Gómez Arnau fue designado como el asesor financiero, es decir, para ayudarle con la venta.
Todos estos hechos fueron desestimados debido a que el juez Delgadillo Padierna consideró que a través de esta relatoría la FGR intentó imputar ficticiamente a Scherer a través de los hechos que le fueron atribuidos a los cuatro investigados, por lo que violó la presunción de inocencia del exconsejero jurídico de la Presidencia.
El fiscal Granados Quiroz dijo durante el debate que la FGR no desea, por ahora, imputar a Scherer a pesar de que fue mencionado y forma parte de la investigación.
“La fiscalía aprovechó sus funciones para enviar una amenaza velada a Santiago Nieto y a Julio Scherer de que en cualquier momento los va a citar a comparecer”, observó el juez.
Precisó que la fiscalía no presentó ningún dato de prueba que lleve a determinar la existencia de un delito y la probable comisión del mismo por parte de alguno de los investigados.
“Es claro que Juan Ramón Collado aceptó las gestiones de los imputados cuando le convino y le fueron satisfactorias”, apuntó. “La fiscalía, con el fin de sostener su hipótesis, afirmó falsedades, este es un actuar desleal contra su propio trabajo”.
Añadió que la FGR aceptó iniciar un procedimiento ilegal contra los investigados porque sabía que el criterio de oportunidad solicitado por Collado en la denuncia que dio origen a la imputación era improcedente.