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En entrevista para El Universal, el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, (INAI) Joel Salas Suárez, nos habló sobre las implicaciones del caso Pegasus y la necesidad de regular en materia de vigilancia del Estado.
Tras el escándalo de espionaje por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR), donde la dependencia infiltró dispositivos móviles de periodistas y activistas con un software espía conocido como Pegasus y que continúa sin dar certezas sobre el caso.
Después de la publicación del diario The New York Times, en febrero de 2017, donde se informó que algunos intervenidos, pertenecían a organizaciones de la sociedad civil que conforman la Alianza por un Gobierno Abierto (AGA), instancia entre gobierno y sociedad civil en permanente diálogo para elaborar políticas públicas, éstas se retiraron de la iniciativa tras conocer sobre el espionaje gubernamental.
El comisionado Salas Juárez, nos ofrece algunos detalles sobre la investigación que emprendió el INAI, y cómo a partir del caso Pegasus se perdió la confianza entre las organizaciones civiles se negaran a participar en las mesas de diálogo de la AGA.
¿ El INAI ha profundizado en cuántas personas fueron afectadas con este malware?
_ El INAI haciendo uso cabal de las competencias que nos otorga el ley en materia de protección de datos personales iniciamos una investigación de oficio y preguntamos a la PGR, cuántas veces ocupó el software, si el contrato de la licencia tenía una durabilidad de 2014 a 2015, pero este punto no fue aclarado.
¿Cómo se van a garantizar la protección de datos de las personas infiltradas por Pegasus?
_ Hay una falta de control para usar este tipo de programas, en el caso de Pegasus pedimos los protocolos que utilizó la PGR para usar este software y proceder a proteger los datos, pero no respondió. Sin embargo, tenemos confianza porque la hoy Fiscalía General es una entidad autónoma y puede ayudarnos a esclarecer este caso y así proceder a la protección.
¿Cuánto costó cada infiltración?
_ Primero debemos saber a qué tipo de personas se infiltró y cuántas, el estimado es que fueron 80 millones de dólares, casi el presupuesto de un año del INAI, lo sabremos en cuanto se profundice en la investigación.
¿Algún funcionario del INAI fue espiado por Pegasus?
_ Mira, en otros países, una persona intervenida tiene derecho a saber cuándo y por cuánto tiempo lo estuvo. Por ahora, desconocemos de algún caso, pero a lo mejor sí, a lo mejor no. No hay certeza sobre si hoy se continúa usando ese software, la semana pasada nos enteramos que la esposa de Javier Valdez fue espiada.
En materia de vigilancia gubernamental, nos podría decir algunas de las mejores prácticas a nivel internacional.
_ Una de las mejores son los controles externos, aquí puede ser la academia. El caso de México es complicado, pues la dependencia que usó el malware, es la misma que recibió la denuncia de las víctimas y es ella quien debe investigar sobre el caso, todo queda en la actuación de la misma dependencia.
¿Cómo participarán los miembros de la AGA en este tema?
_ Una de las condiciones para que los miembros regresaran a las mesas del diálogo fue justamente que hubiera discusión sobre vigilancia del Estado, este será un punto de partida.
¿Cómo se le dará seguimiento al caso Pegasus?
_ Por ahora se encuentra en la “cancha” de la Fiscalía General, pero debido a las complejidades, se requerirá de organismos internacionales que intervengan para su esclarecimiento, como la CIDH.
¿Qué hará el Estado para garantizar que estos hechos no se vuelvan a repetir?
_ En el caso del INAI debemos fortalecer el marco regulatorio, “no tiene dientes”, dependen de otras instancias para emitir medidas de apremio, pero eso lo vamos a discutir en el foro con expertos en control de vigilancia del Estado.
