La capacidad de un Estado para implantar políticas de protección y promoción de las industrias afectadas por la apertura comercial, se ha convertido en una polémica por más de 4 décadas. Pasamos de las “ventajas comparativas” a la “apertura comercial”, como opciones excluyentes en la política económica y la economía política.
México fue el primero en la región que se sumó a un tratado de libre comercio (TLC) con economías de desarrollo superior, con la expectativa de que la derrama compensaría las posibles pérdidas.
Sin embargo, esta receta debe complementarse con políticas sectoriales, incentivos y subsidios para la creación de capacidades y la transferencia de tecnología, como base para generar empleos de calidad y un desarrollo sostenible.
Recuerdo 1993 y 94, cuando se esgrimía que la desgravación del maíz, frijol, trigo, arroz, era para “beneficiarnos” al mantener su precio bajo, acabar con la inflación y con ello sostener el poder adquisitivo del salario. Los efectos de esta política equivocada en la que dejamos de ser autosuficientes en granos básicos, aumentó la depauperización del campo, la devastación de bosques y aguas, más los efectos en la salud por los transgénicos de baja calidad nutricional. Mientras nuestros socios comerciales subsidian su agricultura, nos autoimponemos la prohibición de “exportar” subsidios y como si se tratara de un delito, nos hemos arrinconado.
En el caso de las industrias de bienes de consumo como calzado, confección, textiles, electrodomésticos, juguetes, etc. A partir del 1 de enero de 1994, fecha de inicio del TLCAN; se inundaron los mercados con productos importados desde USA pero de origen chino, con precios que sacaron del mercado al producto nacional.
Por presión de la industria, se impusieron cuotas antidumping de hasta +1000%, provocando un incentivo al contrabando y el comercio informal. Se dejaron de pagar los impuestos de importación, sobre la renta, el IVA, las prestaciones, etc y se dejaron de cumplir las normas mexicanas. Salimos perdiendo todos: fabricantes, consumidores, comerciantes, trabajadores, la hacienda pública, la banca, las ciudades, el IMSS.
Solo una parte de la industria sobrevivió y muchos se convirtieron en importadores-comercializadores. Sin embargo, sí había y si hay una alternativa. En vez de utilizar una medida excesiva, debió haberse incentivado industria por industria y región por región, a través de una política coherente de desarrollo industrial y agrícola de alcance nacional, creando condiciones favorables para las empresas comenzando con las pymes y el pequeño propietario. Tampoco será posible avanzar sin las políticas: educativa, laboral, de seguridad, de energía, etc. Es indispensable un compromiso firme del gobierno, la banca de desarrollo y las empresas paraestatales proveedoras de energía y servicios.
Aprendamos de países con altos niveles de vida y productividad, aprendamos de los éxitos que México ha tenido en Norteamérica y el mundo, y acerquémonos a América Latina, para la creación de UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO, sin gravitar sobre salarios bajos, exenciones de impuestos y la cercanía geográfica como las únicas ventajas que México ofrece.
Esa no es nuestra única alternativa, solo es un falso dilema.