En los últimos cuatro años el interés por conocer la información que maneja el gobierno federal vía transparencia se ha incrementado más de 97%, mientras que en el mismo periodo la inconformidad de los ciudadanos con las respuestas que reciben ha aumentado más de 139%.
Información a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL indica que entre 2015 y 2019 las solicitudes de información a instancias del gobierno aumentaron de 138 mil 450 a 272 mil 628, que implica un crecimiento de 97%.
Mientras que los recursos de revisión, que son los medios por los que esos peticionarios se inconforman con las respuestas que reciben, pasaron de 6 mil 913 a 16 mil 543, es decir, se incrementaron 139%.
Al cierre de 2019, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) registró en trámite 3 mil 952 recursos.
Desde 2014, se aprobó la reforma en materia de transparencia a través de la cual a partir de 2015 se incrementó el número de sujetos obligados por la ley para entregar información a los ciudadanos.
Tras cuatro años de la entrada en vigor de la reforma, el comisionado presidente del Inai, Francisco Javier Acuña Llamas, reconoció que en algunos funcionarios de todos los niveles persisten las resistencias a entregar información a los ciudadanos.
En entrevista en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el comisionado presidente explicó que estas resistencias pueden deberse a un posible temor por parte de los funcionarios públicos a equivocarse al momento de entregar información a los ciudadanos: “La tendencia y la resistencia sistémica es de todas las administraciones públicas, no sólo la que encabeza el Ejecutivo federal, que todavía tiene una curva de asimilación.
“Esto se ha confirmado hasta ahora: no deja de haber en cualquier funcionario público de cualquier nivel un poco de duda al entregar toda la información que se le pide.
“Entonces hay una especie de encontrar en la reserva de información una justificación como un pretexto para no entregar completamente [lo que se solicita], muchas veces bajo el temor a equivocarse”, argumentó el funcionario.
Este comportamiento por parte de los funcionarios públicos obligados en materia de transparencia justifica la existencia de los órganos garantes como el Inai y los institutos de los estados, aseguró Acuña Llamas, pues ellos, indicó, se dedican a actualizar a todos los servidores respecto a la normatividad en estos temas, sobre todo cuando hay un cambio de gobierno y renovación de poderes en cualquier nivel.
“La resistencia se puede graduar y se puede entender (…) Esa resistencia, ya lo dije, se ha confirmado siempre, es permanente, por eso hace que el Inai y las instituciones similares se mantengan justificadas en impulsar [la transparencia].
“Es decir, no es automático que porque la ley exige que se abra la información, ésta ocurra, pues no sucede. Hay que encontrar los nichos donde se está atorando más la cuestión”, dijo.
Destacó que el incremento en el consumo de información por parte de los ciudadanos refleja una sociedad más crítica, la cual no se conforma con los datos que se colocan en los portales institucionales de los 900 sujetos obligados en materia de transparencia.
“El ritmo de trabajo del instituto [Inai] se ha incrementado de manera formidable porque la sociedad está ejerciendo mayor demanda de información.
“Así, en términos de mercado, se puede decir que el consumo de información está creciendo en México y esto nos habla provechosamente de una sociedad más crítica que no está de acuerdo con conformarse sólo con la información que de por sí ya es muy abundante y que se coloca en los portales institucionales de los 900 sujetos obligados que el Inai cuida, acompaña, corrige y eventualmente sanciona”, apuntó.
A través de los recursos de revisión que resuelve el instituto, entre 2015 y 2019, se han modificado un total de 13 mil 212 respuestas de los sujetos obligados, además fueron revocadas 6 mil 10. Por otro lado, el Inai ordenó la entrega de la información 359 veces.
En desacuerdo
El Gran Diario de México obtuvo la estadística de los amparos tramitados por las instancias obligadas que no estuvieron de acuerdo con las resoluciones del Inai.
El instituto registró un total de 70 amparos concluidos en 2015, mientras que para 2018 fueron finalizados 171 litigios.
El año pasado cerró con 31 juicios de garantías terminados, por lo que se prevé que la estadística de dicho año incremente conforme los jueces de Distrito dicten sus sentencias.
