La Secretaría de Educación Pública (SEP) dispuso que, como parte del programa La Escuela Es Nuestra (LEEN), los padres y madres de familia podrán acceder a apoyos que van desde los 250 mil hasta los 600 mil pesos al año, para el mejoramiento de la infraestructura educativa, compra de material didáctico, para ampliar la jornada escolar y para ofrecer el servicio de alimentos a los estudiantes de educación básica de escuelas públicas.
Consultados por EL UNIVERSAL, expertos en educación y ONG consideran que los recursos marcados en las reglas de operación del LEEN, publicadas ayer en el Diario Oficial de la Federación, serán insuficientes para resolver las necesidades de cada escuela, abren la puerta a conflictos internos por la disposición del dinero y pondrán en predicamento a los padres de familia a la hora de definir en qué emplearlo.
Investigadora en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Alma Maldonado dice que incluir un programa que contaba con reglas de operación y objetivos bien definidos —como el extinto Programa de Escuelas de Tiempo Completo— en otro —como es el de LEEN—, cuyas metas son completamente distintas, “fue un error garrafal, quedan muchas dudas.
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“Desarmaron un programa que tenía una lógica y unos propósitos muy claros, cuyo tema central era lo académico y lo educativo, para pegarlo en otra estrategia. Crearon un Frankenstein sólo para salir del paso de las acusaciones y señalamientos por la desaparición del Programa de Escuelas de Tiempo Completo”.
Las reglas de operación establecen que los recursos serán entregados, vía transferencia electrónica, al Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP) que habrá en cada plantel que solicite esos recursos, y que está integrado por madres y padres de familia.
“Los CEAP serán los únicos y absolutos responsables de mantener la documentación original que justifique y compruebe el gasto en que incurran, con cargo a los recursos que reciban por concepto de los subsidios otorgados mediante el LEEN”, refieren las reglas de operación.
Destaca también que se identifican como prioritarios los municipios del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, pueblos yaquis, Cananea, los ubicados en la zona del Tren Maya (Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán), los aledaños al aeropuerto de Santa Lucía; Aguililla, en Michoacán, y Mulegé, en Baja California Sur. Exsecretaria Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación de la SEP y vocera de la organización civil Educación con Rumbo, Patricia Ganem Alarcón señala que “no se puede jugar así con los programas. Mientras no se evalúen, no se pueden quitar ni adherir componentes “por ocurrencias”.
“Tenemos que aumentar programas y sobre todo recursos, más que hacer parches en los programas”, dice.
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Para Fernando Alcázar, director jurídico de Mexicanos Primero, en las reglas de operación se detectan interrogantes, imprecisiones y fallas de diseño “que será urgente [que] queden aclaradas de manera formal, pues no se establecen montos específicos en los apoyos económicos por concepto de horas adicionales desempeñadas por docentes y directivos. Además, está en riesgo la continuidad de escuelas con horario extendido y servicios de alimentación, ya que en estas reglas se establece que las escuelas beneficiadas por el programa en 2021 no pueden volver a serlo en este ejercicio fiscal.
“Esto es particularmente grave porque se sigue violando el principio de progresividad de los derechos a la educación y a la alimentación de niñas, niños y adolescentes, y, además, se alteran los beneficios que este tipo de servicios brindan, toda vez que estos se alcanzan a través del tiempo. En otras palabras, sería un despropósito tener escuelas con horario extendido y servicios de alimentación durante un año solamente”, refiere.
