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Durante este año, las instituciones federales de seguridad pública han acumulado, en promedio, tres acusaciones diarias por presuntas violaciones a derechos humanos.
Entre enero y septiembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 864 quejas por actos cometidos por las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR) y el resto de dependencias federales de seguridad.
Aunque el pasado 25 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Estado ya no es el principal violador de derechos humanos, los registros de la CNDH muestran que la población sigue acusando a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad civiles por supuestamente incurrir en irregularidades en su actuar.
Las acusaciones contra esas instituciones son por detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, tortura, intimidaciones, agresiones contra migrantes, transgredir los derechos de la mujer, uso arbitrario de la fuerza, efectuar detenciones sin órdenes de aprehensión, incomunicar, desaparición forzada, privación de la vida y retención ilegal.
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También por apoderarse de un bien inmueble sin consentimiento del dueño, irregularidades en las órdenes de cateo, omitir brindar protección y auxilio o imputar hechos indebidamente.
Según el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH, el Ejército, la GN y la FGR están dentro del top 10 de instituciones con más quejas al sumar, respectivamente, 237, 209 y 203.
Especialistas consultados indicaron que estos abusos siguen ocurriendo porque las Fuerzas Armadas tienen un papel protagonista en el combate a la delincuencia, pese a que no tienen la formación necesaria para realizar ese trabajo.
La alcaldía Cuauhtémoc, en la capital, con 36 quejas, es donde más acusaciones hubo en los primeros nueve meses de este año. Le siguen Miguel Hidalgo, Ciudad de México; Ciudad Juárez, Chihuahua; Tijuana, Baja California; Álvaro Obregón, Ciudad de México; Tapachula, Chiapas; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Puebla, Puebla; Irapuato, Guanajuato, y León, Guanajuato.
En este año, el segundo del presidente López Obrador al frente del país, los medios de comunicación también lograron documentar vulneraciones, por ejemplo, EL UNIVERSAL publicó que el 3 de julio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, elementos del Ejército ordenaron la ejecución de un presunto criminal que sobrevivió a un operativo.
Señalamientos sólo desaparecieron en el discurso
En este sexenio la tendencia de violaciones a derechos humanos por parte del Estado se ha mantenido. De hecho, en 2019 las quejas por abusos cometidos en el sector seguridad incrementaron 17% respecto a 2018.
“Aunque el gobierno en su discurso dice que ya se acabaron las violaciones a los derechos, no se terminan por decreto ni con cursos o manuales, como lo han intentado hacer”, opinó David Ramírez de Garay, coordinador del Programa de Seguridad de la organización México Evalúa. Agregó que los abusos están relacionados con la formación de las Fuerzas Armadas, entrenadas para eliminar a un enemigo.
“Es un efecto un poco trágico, pero también es cierto que la misma impunidad es detectada por quienes forman parte del Ejército y en algunos casos, como se ha documentado, toman estas decisiones violatorias como un salvoconducto para no toparse con la impunidade”, indicó.
Por su parte, Mariclaire Acosta Urquidi, defensora de derechos humanos, consideró que el gobierno ha seguido una “política fallida” de seguridad pública basada en el uso de la fuerza.
“Este año nos fue bastante mal y no tengo la esperanza de que esto mejore, sino todo lo contrario. La violencia no ha parado, las ejecuciones y las desapariciones siguen, hay un endurecimiento en las leyes respecto a la prisión preventiva oficiosa y tenemos una Guardia Nacional que claramente es militar”, aseveró.
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Coincidió en que la poca capacidad de las fiscalías para investigar genera un ambiente propicio para los abusos.
“Debemos tener un sistema de procuración de justicia que funcione, tener una policía de proximidad y no solamente militarizada, una política integral de bienestar para garantizar empleo, educación, salud y cohesión social, pero desgraciadamente no hay nada de eso”, dijo.
Por último, José Guevara Bermúdez, exintegrante del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, consideró que la manera como se está atendiendo la seguridad pública no es diferente a lo ocurrido en sexenios anteriores.
“No creo que el Presidente pueda decir que ya no hay violaciones de derechos humanos. Organizaciones sociales continúan documentando y evidenciando abusos, hemos visto casos de desapariciones forzadas”, señaló.
El experto criticó que el Ejecutivo asevere que el Estado ya no incurre en vulneraciones, pues con eso trata de liberar de cualquier responsabilidad a las Fuerzas Armadas.
