Este miércoles 21 de junio se instaló en el Senado el Grupo de Trabajo Plural para dar seguimiento al incendio del pasado 27 de marzo en la estación migratoria Lerdo-Stanton, de Ciudad Juárez, Chihuahua, en la que murieron 40 personas migrantes.
El Grupo de trabajo está integrado por el senador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural; Beatriz Paredes, del PRI; Kenia López Rabadán, del PAN; Veronica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano; Martha Márquez, del PT; Gabriela Benavides Cobos, del Verde; Antonio García Conejo, del PRD; y Rafael Espino de la Peña, de Morena, quien está al frente.
El senador Rafael Espino de la Peña mencionó que este hecho expuso “las diversas complejidades, deficiencias y desafíos que enfrenta la migración en la actualidad”, además de la importancia de garantizar los derechos humanos de las personas migrantes.
Indicó que el objetivo del Grupo es analizar y dar seguimiento a los mecanismos de apoyo que se pretenden implementar para proteger y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes. También mencionó la formulación de recomendaciones para evitar situaciones similares, en colaboración con autoridades y grupos de derechos humanos.
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Las propuestas a realizar:
- Un acercamiento con las familias de los migrantes y con organizaciones de apoyo involucradas.
- Acompañar a las víctimas en el proceso de reparación del daño.
-Colaborar con los organismos de derechos humanos para fortalecer los derechos de las personas migrantes.
-Hacer acopio y transparentar la información.
-Organizar mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores y con el Instituto Nacional de Migración.
-También una reunión con la Fiscalía General de la República y revisar sus acciones.
-Inspección física de los hechos.
-Presentar un pronunciamiento ante el pleno del Senado para ser discutido y en su caso aprobado.
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El senador Emilio Álvarez Icaza celebró la instalación, pero mencionó que el acuerdo del Senado se quedó muy corto “ante la tragedia” que dejó 40 personas muertas, además que no se citó a nadie a comparecer.
“Lo que pasó en la estación de Ciudad Juárez es un sucesivo de hechos que lleva a la absoluta convicción que es un crimen de Estado”, dijo Álvarez Icaza.
Por su lado, Beatriz Paredes señaló que no han habido responsabilidades penales.
“El que no se separe al titular del área administrativa da a entender que puede jugar con cualquier tipo de manejo de la situación que se dio. Pero era un asunto hasta de decisión personal, pundonor”, dijo al mencionar que hay “responsabilidades dramáticas” de orden penal y legal.
“Quisiera saber quiénes y de qué están acusados”, cuestionó la priista.
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