Sin saber los métodos de titulación, sus programas de estudio, qué institución les expedirá su título universitario o si podrán tramitar su cédula profesional, las tres últimas generaciones de alumnos de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga viven con la incertidumbre de estar estudiando y no saber si al concluir su carrera podrán insertarse al campo laboral.
Desde el lunes pasado, el plantel fue tomado por estudiantes y profesores que los apoyan, quienes se encuentran en asamblea permanente. En términos prácticos, la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga se enfrenta a un paro indefinido de actividades.
Se trata de la primera protesta estudiantil en una de las 100 Universidades para el Bienestar Benito Juárez García que el gobierno federal propuso para aumentar la cobertura en educación superior a nivel nacional.
“No sabemos quién nos expide nuestro título, nadie ha ido a explicarnos. Nos dicen que existe un nuevo reglamento, pero en realidad no sabemos nada. Estamos en el limbo”, contó en entrevista Alonso Vázquez Vallejo, estudiante de tercer semestre de la licenciatura en Derecho.
Alonso es uno de los estudiantes que el pasado día lunes increparon directamente a la directora del sistema de Universidades para el Bienestar Benito Juárez, Raquel Sosa, para demandarle claridad y una explicación sobre el funcionamiento académico. Explicó que la escuela fue fundada como una asociación civil y que, de esta manera, la licenciatura en Derecho obtuvo su reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) por parte de la SEP, lo que garantizaba que los estudiantes podrían recibir su título profesional y luego su cédula profesional.
De hecho, la Ponciano Arriaga fue la primera y una de las seis únicas escuelas universitarias fundadas por Morena que obtuvo el RVOE.
Sin embargo, a partir del triunfo de López Obrador, Sosa se acercó a la comunidad escolar para informarles que se iba a disolver la asociación civil y les pidió confianza.
“La problemática comenzó porque no hay una respuesta clara de Raquel Sosa. Nos explicó que íbamos a ser una escuela pública y que se nos iban a dar las becas. Con este nuevo cambio, también cambiaron los parámetros de titulación. No se nos da una respuesta clara de cómo iban a ser los parámetros. Nos dijeron que tuviéramos confianza. Pasa un año y seguimos en la incertidumbre de la titulación, pero continuamos con las actividades de manera normal”, explicó Alonso Vázquez.
EL UNIVERSAL realizó un recorrido por el plantel, el cual se encuentra localizado en la calle Luis González Obregón, a un costado de la sede principal de la SEP en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Allí, estudiantes explicaron que desde la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los parámetros de titulación, los programas de estudios y el reglamento de la institución han sido modificados en dos ocasiones, en ninguna de las cuales los estudiantes han sido consultados por las autoridades escolares.
A pesar de las modificaciones, no ha habido comunicaciones oficiales ni transparencia de dichos cambios, por lo que los estudiantes no tienen claro ni qué están estudiando ni qué necesitan para titularse.
“No nos avisan que hay nuevos cambios en los reglamentos. Nos prometen una nueva sede, que va a cambiar la escuela para mejorar sus condiciones. Llegamos a 2020 y nos cambian el plan de estudios sin avisarnos. Compañeros cursan el mismo semestre dos veces, nos quitan materias y nos dicen que éstas nos van a servir como experiencia. Han ido empeorando las condiciones”, describió Soni Yahir Lozada Montes, estudiante de la segunda generación de la escuela, de 26 años de edad.
“Primero nos dijeron que para titularnos necesitábamos hablar una lengua extranjera como inglés o francés. En el último cambio que nos avisan en el reglamento ahora nos piden hablar una lengua indígena, náhuatl, pero yo me pregunto: si en la escuela no dan clases en esa lengua, ¿dónde la voy a aprender?”, lamentó Rodrigo Torres Méndez, también de 26 años, pero estudiante de ter-cer semestre.
En un pliego petitorio de 12 puntos que entregaron a Sosa Elizaga, los alumnos reclaman definir los métodos de titulación, la metodología de evaluación, aclarar los convenios existentes con instituciones públicas y privadas para realizar el servicio social y prácticas profesionales, así como conocer los modelos y parámetros para la implementación de tutorías.
Además, los estudiantes afirman que, paradójicamente, desde que entró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha abandonado la escuela, puesto que por la política de austeridad que se ha implementado en la administración federal se recortó el personal administrativo y se eliminaron algunas plazas: enfermera, bibliotecario, intendente y vigilante, por ejemplo. Durante meses, los alumnos tuvieron que limpiar el plantel y comprar artículos de limpieza.
También reclamaron que se ha dejado a la deriva a la plantilla docente que inició el proyecto de la Escuela de Derecho, y que hay profesores a quienes desde hace más de un año no se les paga su salario. La situación llegó a un extremo tal que personal de Enfermería de la institución fue comisionado a aplicar los exámenes durante 2019.
“Yo tuve un problema muy serio porque cuando recortaron al personal a la enfermera le tocó aplicar dos exámenes parciales. Ella nada más nos entregó el examen y supervisó que lo hiciéramos. Después, cuando no le pagaron, la señora renunció, pero perdió mis exámenes o nunca los entregó, y no se me asignó calificación. Me quejé ante la dirección y lo único que me ofrecieron fue recursar las dos materias, pero jamás me mostraron un papel donde se dijera que yo estaba reprobado”, dijo Édgar Islas Fuentes, de 42 años de edad.
La escuela fue fundada como asociación civil, como el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en 2015, pero a partir del triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó su transición y posteriormente fue incorporada al programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez, que en 2019 recibió mil millones de pesos para operar y en 2020 una cantidad similar.
“A aquellos que desde hace más de un año han dado clases de forma gratuita, explotada y sin ninguna condición laboral justa, se les tiene presionados y sin alternativas reales. A los trabajadores que fundaron el proyecto se les despidió injustificadamente”, señalan alumnos que dieron a conocer su posicionamiento en redes sociales.
El lunes, Raquel Sosa Elizaga se presentó en las instalaciones de la Escuela de Derecho para intentar dialogar con los estudiantes, pero fue expulsada entre gritos y acusaciones de parte de los estudiantes, quienes, entre otras cosas, reclaman que ya se graduó la primera generación de la Licenciatura en Derecho “y no hay certeza alguna de la forma de titulación”.
“El modelo administrativo que plantean imponer es un modelo directo a la deserción académica: cuatro faltas es directo a extraordinario y más de una materia reprobada es la baja de la institución”, reclamaron.
También dijeron que no hay claridad en los planes de estudios, puesto que en un principio se diseñó para formar a defensores de derechos humanos y que desde la incorporación al programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García se cambió el programa de estudios hacia un perfil de egreso más tradicional.
“Un reglamento que un día te dice que tienes derecho a presentar exámenes extraordinarios y al otro día dice que desaparecen”, se quejan alumnos.
