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La decisión de declarar de utilidad pública tramos ferroviarios del Istmo de Tehuantepec, que estaban en manos de Grupo México, genera una profunda inquietud y desconfianza entre los inversionistas y afectará los proyectos bajo el régimen de concesión, advirtieron organismos del sector privado.
En tanto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, rechazó que haya expropiación de tres tramos de Ferrosur, pero sí se analiza que esa propiedad sea parte del Estado mexicano y reveló que hubo conversaciones con los dueños del consorcio antes de la decisión presidencial, pero no se llegó a un acuerdo.
En un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió “diálogo abierto y profundo para construir y anticipar con certidumbre las mejores definiciones de autoridad que coadyuven a mantener la confianza, así como a fortalecer la inversión, el crecimiento, el empleo y el desarrollo de México”.
El decreto para tomar temporalmente los tramos ferroviarios, más allá del tema controvertido de legalidad, genera preocupación por la necesidad de que haya certeza jurídica en el país, manifestó el consejo.
Para el máximo órgano de representación del sector privado, los empresarios tienen interés en participar en los proyectos que impulsen el crecimiento del sur del país, pero “es necesario que se procuren condiciones de plena certeza jurídica para seguir fortaleciendo el interés de empresarios mexicanos y extranjeros por invertir en los grandes proyectos nacionales, detonantes de dinamismo, bienestar y empleo”.
La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México expuso que la inversión depende del Estado de derecho, por lo que la decisión del gobierno de tomar tramos ferroviarios del sector privado afectará los proyectos bajo el régimen de concesión.
Aseguró que “la plena certeza jurídica fortalece el interés de empresarios nacionales y extranjeros para invertir y acompañar los grandes proyectos nacionales y aprovechar la magnífica estabilidad económica que tenemos en el país”.
Esquema legal
Desde Durango, el secretario de Gobernación afirmó que la decisión forma parte de un esquema legal del que el gobierno federal dispone y aclaró que se considera de seguridad nacional porque es la conexión estratégica entre el Pacífico y el golfo de México.
“No estamos expropiando nada, es una ocupación temporal, así lo señala el decreto, eso no es sinónimo de expropiación”.
Reveló que hubo conversaciones con Grupo México respecto a ese tramo, “pero no hubo un acuerdo y legalmente, las dos partes, digamos, están en libertad de ejercer su derecho”.
