A dos meses del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 migrantes, en su mayoría de Centroamérica, el Instituto Nacional de Migración (INM) clasificó como reservados durante cinco años los videos que captaron esta tragedia, por lo que será hasta 2028 que se podrán ver.
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En respuesta a una solicitud de información realizada por EL UNIVERSAL, la Dirección General de Control y Verificación Migratoria del INM argumentó que, pese a que se pidió una versión pública de los videos, su difusión podría poner en riesgo la vida de los elementos de Migración y personal de vigilancia, así como de los migrantes que estuvieron presentes en el incendio.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que de acuerdo con las investigaciones, algunos migrantes que se encontraban en la estación provisional del INM la noche del 27 de marzo prendieron fuego a colchonetas para protestar, al enterarse de que serían deportados.
En la solicitud 330020323000- 852, el Instituto Nacional de Migración justificó también la negativa de entregar los videos referidos, al señalar que si una persona hace mal uso de esos materiales, se podría poner en riesgo la seguridad e integridad de los involucrados en el suceso.
“El hacer de conocimiento las videograbaciones de la estación provisional en Ciudad Juárez, Chihuahua, del día 27 de marzo de 2023 implica comprometer y vulnerar la integridad de las personas involucradas [personas extranjeras, servidores públicos, trabajadores prestadores del servicio de la seguridad privada del inmueble, así como las personas que se encuentran bajo investigación por los hechos] al perjudicarse los datos personales.
“Si una persona hace mal uso de las videograbaciones requeridas se pone en riesgo la seguridad e integridad de los involucrados debido al contenido de las mismas”, precisó el instituto.
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Videos, entregados a la FGR
El Comité de Transparencia del INM justificó la reserva de las videograbaciones al señalar además que hacer entrega de ellas podría interferir o entorpecer las investigaciones que actualmente se llevan a cabo.
Reveló también que estos videos fueron entregados por la Dirección General de Administración del Instituto Nacional de Migración a la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de una solicitud realizada por esta dependencia.
“Brindar el acceso a las videograbaciones solicitadas puede interferir o entorpecer las investigaciones que se llevan a cabo actualmente por las autoridades competentes; asimismo, mediante el oficio INM/DGCVM/- 1519/2023 consta que esta unidad administrativa ya brindó las grabaciones del día 27 de marzo del presente año de los hechos ocurridos en la estancia provisional en Ciudad Juárez, Chihuahua, a la Dirección General de Administración del Instituto Nacional de Migración, mismos que se turnaron a la Fiscalía General de la República, como parte de la respuesta a la solicitud hecha por medio del oficio JUA-EILI-CT-576/2023”, indicó.
Con estos argumentos, el 22 de mayo pasado el Comité de Transparencia del INM confirmó que reserva la entrega de estos videos por un periodo de cinco años, lo que significa que será hasta mayo de 2028 que estos podrán ser vistos de forma pública.
“Este comité determina confirmar la reserva de la información relacionada con los videos al interior de la estación migratoria del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua, señalada por la Dirección General de Control y Verificación Migratoria, lo anterior de conformidad con el artículo 110 fracción IX y XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública por un periodo de cinco años”.
La semana pasada, El Gran Diario de México reveló que desde 2020, migrantes detenidos en esta estación provisional habían denunciado diversas violaciones a derechos humanos, entre ellas, instalaciones inadecuadas.
La Dirección de Estaciones Migratorias del INM detalló que desde octubre de 2020 se presentaron 41 denuncias de diversas irregularidades en esa estación, como falta de alimentos y equipos de aseo personal, falta de atención médica, instalaciones no adecuadas, incomunicación, omisión de información y violación general de derechos.