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El Instituto Nacional de Migración (INM) debe dar a conocer el gasto de cada una de las estaciones migratorias, estancias provisionales y lugares habilitados para alojar temporalmente a las personas extranjeras que no acrediten su estancia regular en el país, de 2018 a 2023, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Al presentar el asunto ante el Pleno, el Comisionado Adrián Alcalá Méndez enfatizó que el Estado mexicano deben brindar certeza a la ciudadanía sobre su actuar, así como la posibilidad de valorar su desempeño y, en este caso, la información solicitada se asocia directamente con la rendición de cuentas, ya que permite tener un primer acercamiento al uso del dinero y el grado de cumplimiento de objetivos.
“Esta resolución muestra la importancia de dar a conocer el ejercicio de los recursos públicos, en los términos que establece la propia Constitución; además, tiene un impacto directo en las personas que se encuentran en una circunstancia que les pone en una situación de vulnerabilidad como es la migración”, subrayó.
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Alcalá Méndez refirió que la migración es un fenómeno social que impacta tanto el ambiente político como el económico de cualquier nación; pues la finalidad es que las personas amplíen sus oportunidades de desarrollo en un ambiente adecuado; sin embargo, en muchas ocasiones, también se relaciona con la seguridad tanto de las personas como de la sociedad en general.
“Una vez más, podemos observar que el derecho a la información es una pieza clave, fundamental, nodal, para el ejercicio de otros derechos, ya que con éste se abre la posibilidad de identificar problemáticas para así diseñar y poner en marcha estrategias o políticas de solución a este fenómeno, siempre respetando los derechos humanos de las personas migrantes”, remarcó.
La persona que solicitó la información presentó un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual manifestó su inconformidad con la respuesta del sujeto obligado, que señaló que no cuenta con un documento con las características solicitadas, indicando que únicamente se le autorizan recursos destinados a servicios profesionales, mientras que los gastos operativos los sustenta con ingresos excedentes por el pago de derechos de servicios migratorios.
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Al analizar el caso, la ponencia del Comisionado Adrián Alcalá Méndez advirtió que, en solicitudes de información diversas, el INM ha proporcionado el gasto ejercido para la atención, operación y funcionamiento de las estaciones migratorias.
“Por eso, no es posible validar la respuesta que otorgó el ente público hoy recurrido, ya que se cuenta con evidencia suficiente, que apunta a que el sujeto obligado posee mayor información a la que, de una manera parca, entregó al particular, por lo cual se determinó que lo proporcionado no atiende a los intereses de la persona hoy recurrente”, concluyó.
Con base en lo expuesto, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta del INM y le instruyó llevar a cabo una búsqueda exhaustiva de la información sobre el gasto de cada una de las estaciones migratorias, estancias provisionales y lugares habilitados para alojar temporalmente a las personas extranjeras que no acrediten su estancia regular en el país; lo anterior entre 2018 y 2023.
También deberá dar a conocer los documentos que registren la fuente y cantidad del presupuesto ejercido para hacer frente a los gastos, así como, los lineamientos que regulen la forma en que se erogan los recursos públicos en el mantenimiento y operación de estos sitios.
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