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Las personas que padecen una discapacidad intelectual, mental y sicosocial se enfrentan a la justicia en condiciones de desventaja, ya que sus procesos legales no son ajustados a su estado de salud, situación que abre la puerta a que sean encarcelados de manera injusta.
Especialistas en el sistema penitenciario alertaron sobre este problema, al que podrían estar expuestos los 5 mil 22 reclusos que tienen una discapacidad mental o son inimputables en nuestro país, según información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Los expertos refieren que el Estado mexicano pretendió cobijar a este sector de la población bajo el término “inimputable” —utilizado para determinar que una persona con una discapacidad mental cometió un delito sin comprender la naturaleza del mismo—; sin embargo, advierten, este mecanismo no fue suficiente para respetar su derecho al acceso a la justicia.
“La falta de apoyos, de ajustes específicos para estas personas, las coloca en una posición de extrema indefensión.
“Las obliga a pasar por un sistema de justicia que no reconoce su discapacidad, que no implementa apoyos para que entiendan su proceso y tengan igualdad ante la ley.
“No pueden ejercer su derecho a una defensa adecuada y acaban privadas de la libertad, muchas veces sin saber de qué son acusadas”, dice Diana Sheinbaum, coordinadora del Programa de Discapacidad y Justicia de Documenta.
El año pasado, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas recomendó al Estado mexicano implementar ajustes en los procedimientos a los juicios legales contra esta clase de acusados.
La SCJN recomienda, por ejemplo, utilizar un lenguaje oral y escrito simple para todas las resoluciones; que el acusado reciba sus notificaciones de manera directa; no apresurar la manifestación de ideas del sospechoso y permitirle que alguien de confianza lo acompañe para explicarle el significado de las cosas.
Sin embargo, Diana Sheinbaum, de Documenta, asegura que esto no ha sido cumplido por muchos estados de la República, por lo que, manifiesta, esa gente está desprotegida y a merced de las decenas de irregularidades que pueden registrarse en esa clase de investigación.
“Las personas con discapacidad se encuentran en un mayor estado de vulnerabilidad por la falta de capacitación de los policías, de los fiscales y de las defensas respecto a los derechos de esta población”.
Un problema generalizado
Según la CNDH, la Ciudad de México es la entidad donde hay más personas encarceladas con una discapacidad mental (622), seguida de San Luis Potosí (386), Baja California (382), Guanajuato (346), Sonora (323), Jalisco (275), Estado de México (212), Colima (192), Puebla (172) y Michoacán (169).
Frente a este panorama, Ricardo Pérez, abogado especializado en la defensa de personas discapacitadas, afirma que este sector regularmente es hecho a un lado de su propio proceso legal, pues las autoridades argumentan que su afección les impide defenderse, además de que no se les da información sobre su situación jurídica.
“Estas irregularidades se dan en gran parte por la falta de sensibilidad de los operadores de justicia, la falta de voluntad de garantizar igualdad de condiciones y dejar de ver a la persona con discapacidad como un objeto”, expresa el abogado.
Pone de ejemplo a la Ciudad de México como una de las entidades donde se han emitido leyes más progresistas en la materia, además de que poco a poco se ha ido capacitando en este tema.
A pesar de mostrar estos avances en la capital, el abogado aclara que aún queda un gran trecho por delante para lograr una protección integral hacia esta población.
“Es necesario un compromiso de la autoridad. Se busca que haya una visión crítica, que se aplique justicia, que se dé la atención que cada persona requiere y finalmente se resuelva un caso por lo que hay como elemento probatorio, sin que la discapacidad sea un elemento a favor o en contra”.
