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La propuesta de limitar a los consejeros del Instituto Nacional Electoral para que ocupen cargos públicos durante los 10 años posteriores a su salida del INE tiene un trasfondo político y contrario a la Constitución, señalaron especialistas.
El grupo parlamentario del partido Morena en la Cámara de Diputados tiene 30 iniciativas como parte del llamado plan B de la reforma electoral, como publicó EL UNIVERSAL.
Ante la posibilidad de no reunir los votos suficientes para una reforma constitucional, la bancada propone hacer modificaciones a distintas leyes, entre las que destacan prohibir a los consejeros contender por puestos públicos en los 10 años posteriores a su cargo, entre otras.
Al respecto, el exconsejero del INE, Marco Baños, consideró que es una medida excesiva y que busca represalias contra los consejeros electorales.
“Es una reforma, en esa materia, que es de represalias, es de odio. Sabemos de las diferencias que el Presidente de la República y el partido Morena han tenido con dos de los consejeros electorales y pareciera que están dirigidas a cobrarles factura”.
El también académico explicó que “la Constitución dice que no podrían ocupar responsabilidades siendo postulados por partidos políticos a las elecciones por dos años, es decir, si pretenden limitar en el plan B a los consejeros electorales estarían vulnerando una norma constitucional y eso no es adecuado”.
Marco Antonio Baños Martínez indicó que si se refieren a cargos de carácter administrativo, estarían lesionando derechos políticos y podrían caer en una acción de inconstitucionalidad.
La exconsejera electoral y excomisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (hoy Inai) Jacqueline Peschard, coincidió en que hay motivos políticos para restringir a los consejeros electorales para ocupar cargos públicos.
Explicó que el artículo 41 de la Constitución establece que los consejeros están impedidos para contender por un cargo público en el gobierno para el cual fueron parte de su organización.
Es decir, los cuatro consejeros electorales que dejan el cargo en 2023 no podrían participar en algún cargo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“Es un trasfondo eminentemente político. Decir 10 años parece exagerado y lo que revela es ese repudio que tiene el gobierno de López Obrador en contra de los consejeros electorales”, dijo.
Respecto a la propuesta de no sancionar a legisladores por hacer campaña en tiempo de elecciones, Peschard Mariscal apuntó que “violenta disposiciones constitucionales que están establecidas en el artículo 134 constitucional, que señala que los funcionarios públicos no pueden hacer campaña”.
Advirtió que reducir la estructura del Instituto Nacional Electoral es atacar e impedir que el organismo pueda realizar las tareas que tiene encomendadas.
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