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El pleno del Senado de la República inició la discusión y debate de del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Armada de México ; propuesta enviada por el titular del Ejecutivo Federal con el objetivo de incluir las tareas y facultades adicionales que se han encomendado a la Secretaría de Marina (Semar) durante la actual administración.
Durante la primera sesión de la actual Legislatura se prevé aprobar el nuevo marco legal que contempla endurecer las penas contra marinos corruptos y se sanciona como traición a la patria a aquellos oficiales ligados con los cárteles del narcotráfico.
En tribuna, el senador Eruviel Ávila, argumentó el dictamen y expuso que la Ley Orgánica de la Armada de México, a efecto de fortalecer a la dependencia en sus atribuciones en materia de seguridad nacional y en sus funciones de seguridad marítima portuaria, para establecer medidas que les den certeza a los integrantes de sus ascensos y sus actividades.
La nueva ley otorga facultades en la misión de la Armada de México para la protección de la soberanía de la Nación, el mantenimiento del estado de derecho en las zonas marinas mexicanas; y, coadyuvar en la seguridad interior del país.
Asimismo incluir como parte de las atribuciones de la Armada de México apoyar a la Secretaría de Marina en sus funciones de Autoridad Marítima Nacional, en materia de seguridad y protección marítima y portuaria, así como en las acciones para el control del tráfico marítimo en las vías generales de comunicación por agua; y especificar la autoridad y facultades que ejercen cada uno de los niveles de mando.
El senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, advirtió del riesgo de este nuevo marco legal porque solo se hicieron tres modificaciones a la iniciativa del Ejecutivo Federal, que no atienden las preocupaciones para atender la seguridad pública, y para no militarizar esa labor del Estado dándole una fuerza política, social, financiera que se ha estado formando en la actual administración pública federal.
Dijo en tribuna que se deben restringir actividades de las Fuerzas Armadas en materia social, de seguridad pública y en dotarles atribuciones de la renta pública y de la infraestructura tanto de las actividades portuarias como de infraestructura comercial.
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