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En junio y no el próximo lunes —como se había informado—, el gobierno federal arrancará la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, en la Base Aérea Militar de Santa Lucía. Se prevé que comience operaciones con tres pistas, en dos años (junio de 2021), pero alcanzará su máximo desarrollo en 50, para trasladar a 80 millones de viajeros al año.
En conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que debido a que existe un término legal que tiene que ver con el permiso de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), es que la construcción iniciará hasta junio, a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. El encargado directo de la obra es el general Gustavo Vallejo Suárez, director de la Escuela Militar de Ingenieros.
López Obrador destacó que se hizo la consulta con los vecinos del aeropuerto en Santa Lucía y aceptaron su construcción. Además, aclaró, el proyecto en el lago de Texcoco se canceló por corrupción.
“Es un proyecto bien planeado, bien concebido, racional, eficaz, austero. Es la opción, la alternativa al proyecto corrupto que querían llevar a cabo. Estamos listos para comenzar, pero hay un término legal que tiene que ver con un permiso de impacto ambiental y queremos cumplir, no queremos dar ningún pretexto”, expuso el mandatario federal.
Por su parte, el general Vallejo Suárez explicó que el presupuesto para la obra será de 68 mil 367 millones de pesos más IVA (en total, 78 mil millones de pesos), en el cual se incluye el costo de 10 mil 700 millones de pesos por la interconexión de 46 kilómetros con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y que tomará un tiempo de recorrido de 35 minutos.
El aeropuerto en su fase inicial tendrá tres pistas, una capacidad máxima para transportar a 20 millones de pasajeros por año, 30 posiciones de contacto, 12 posiciones remotas, un estacionamiento para 4 mil vehículos, una estación intermodal de pasajeros y con capacidad para 190 mil operaciones aéreas anuales.
La interconexión entre el AICM y el aeropuerto de Santa Lucía tendrá un costo de 10 mil 700 millones de pesos, abarcará 46 kilómetros, se tendrán dos carriles confinados, y quedará concluida en dos años y medio, según los informes oficiales.
El encargado directo de la construcción adelantó que el nuevo aeropuerto será dotado de los mejores sistemas de navegación.
Sergio Samaniego, director del proyecto en Santa Lucía, dijo que esta obra representa un costo de 28% comparado con lo que costaría el aeropuerto en el lago de Texcoco, el cual podría haber llegado a 400 mil millones de pesos.
El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, detalló los pormenores del Sistema Aeroportuario Metropolitano, en el que, afirmó, no hay problemas en la operación de los tres aeropuertos al mismo tiempo: Santa Lucía, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el de Toluca.
“No habrá ningún problema de seguridad, está perfectamente estudiado el tema y se harán las adecuaciones y las instalaciones aeroportuarias necesarias para una completa seguridad y una absoluta comodidad en los tres aeropuertos”, comentó.
Destacó que a la par de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía se modernizará el AICM con una tercera terminal donde se encuentra el Hangar Presidencial, la cual tendrá 17 posiciones de contacto, capacidad para 10 millones de usuarios anuales y estacionamiento con 2 mil cajones.
Irregularidades en Texcoco. En una conferencia posterior a la del Presidente, en Palacio Nacional, el secretario de Comunicaciones y Transportes sostuvo que dieron información a la Secretaría de la Función Pública (SFP), por diversas irregularidades y ocultamiento de información por parte del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), en todo el proceso de la construcción del aeropuerto que iba a ser edificado en el lago de Texcoco.
Según Jiménez Espriú, se ubicaron documentos que fueron ocultados por el GACM, así como archivos con irregularidades firmados por Federico Patiño Márquez, director general del grupo; por Ricardo Dueñas Espriú, exdirector corporativo de finanzas, y Ricardo Pavel Meza Pozos, exdirector corporativo jurídico del grupo aeroportuario.
Desde 2015, el GACM tiene abiertos 198 procedimientos fiscalizadores de diversa índole, por parte de las autoridades competentes.
Se analiza, en algunos de ellos, la probable comisión de daño patrimonial por un monto superior a 6 mil millones de pesos.
“Se está procesando la información necesaria sobre los temas aquí tratados, para dar vista a la Secretaría de la Función Pública”, precisó.
Jiménez Espriú dijo que, por ejemplo, se ocultó información sobre un contrato con la empresa Parsons, en el que se incluía un listado de asesores para controlar efectos adversos y sobre acciones compensatorias para los participantes en el proyecto, en gobiernos estatales del Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México.
El titular de la SCT también denunció que la solución financiera planteada para la obra en Texcoco presentaba graves irregularidades de concepción y contratación, además comprometía las decisiones soberanas a través de complejos instrumentos de blindaje, los cuales significaban compromisos severos para las administraciones siguientes.
“Independientemente de las anomalías de diversa índole que hemos relatado, del ocultamiento de información relevante y de las irregularidades encontradas que pudieran derivar en responsabilidades por las omisiones y posibles actos de corrupción o daño patrimonial, de todo lo cual se dará vista a los órganos fiscalizadores competentes, reiteramos que la construcción del aeropuerto en Texcoco nunca debió aprobarse y menos iniciarse”, indicó.
La empresa Parsons, gerente del proyecto aeroportuario, según indican documentos presentados por el secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, había advertido, en un oficio fechado el 22 de julio de 2016, al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), que el costo de la primera fase del proyecto se elevaría a entre 16 y 17 mil millones de dólares y que la fecha de inicio de operación sería en septiembre de 2024, si no hubiera contingencias.
