Durante la primera comparecencia de Emilio Lozoya ante un juez mexicano, la Fiscalía General de la República (FGR) calculó un daño patrimonial de 8 mil 96 millones de pesos en perjuicio de Petróleos Mexicanos (Pemex) por la compra de la planta de Agro Nitrogenados.
El exfuncionario, quien compareció de manera virtual por razones de salud, informó al juez Artemio Zúñiga Mendoza que en el caso Agro Nitrogenados fue “sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado”. Su defensa anunció que denunciará a los autores de estos hechos con los nombres y los cargos que ocupaban.
Lozoya aseguró que es inocente de las acusaciones que pesan en su contra por el caso y que colaborará con las autoridades mexicanas para aclarar su situación jurídica.
Mientras tanto, el juzgador determinó que sus derechos humanos no fueron violados, que las pruebas presentadas por la FGR no son ilícitas y que ante la no oposición del imputado y su defensa a las intenciones de la fiscalía, lo vinculó a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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“Señor Lozoya, advierto que usted y su defensa se están allanando a la pretensión de la fiscalía, es decir, no se generó debate en cuanto a este tema”, dijo el juez.
“Resuelvo vincularlo a proceso por el delito previsto en el artículo 400 bis, del Código Penal Federal en su redacción del año 2012, es decir, operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de adquirir un bien inmueble dentro del territorio nacional con conocimiento de que los recursos utilizados proceden de una actividad ilícita con el propósito de ocultar el origen o propiedad de dichos recursos, con el fin de aparentar una actividad lícita”.
A pesar de ello, la FGR no solicitó sujetar al exfuncionario a prisión preventiva, por lo que incluso si lo dan de alta del hospital, no pisará la cárcel; únicamente pidió que se le coloque un brazalete electrónico, que permanezca bajo vigilancia en el hospital y que entregue pasaporte y visas para que no salga del país.
Además, Lozoya deberá pagar la renta del brazalete electrónico para ser monitoreado y el juez agregó que debe presentarse en el Reclusorio a firmar cada 15 días.
El juez concedió las medidas solicitadas por la FGR, es decir, que mientras dure el proceso el exfuncionario permanecerá en el hospital vigilado por policía ministerial. “Una vez que sea dado de alta, se podrá trasladar a diverso lugar”, señaló el juzgador.
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La FGR pidió seis meses más para conseguir datos de las cuentas bancarias en las Islas Vírgenes y que la UIF remita la información que tiene sobre Tochos Holding, el juez concedió el tiempo solicitado para investigación complementaria.
En 11 horas y media de audiencia, la FGR afirmó que desde su adquisición, Agro Nitrogenados no ha generado ganancias, que las deudas bancarias continúan aumentando y además de los 150 millones 862 mil 374.10 dólares que Pemex gastó y perdió con la compra de la planta, también ha perdido 578 millones de pesos que destinó para capitalizar a Agroindustrias, S.A. de C.V.
A esto se sumó una pérdida de 4 mil 204 millones de pesos utilizados para solventar la obsolescencia en la que se encontraba la planta al momento de su compra.
De acuerdo con los datos de prueba presentados por la FGR, en abril de 2019 el director de Pemex Fertilizantes informó que la planta Agro Nitrogenados no estaba operando y que el costo de una planta nueva era de 270 millones de dólares, mientras que la rehabilitación de la que la petrolera adquirió a Altos Hornos de México ascendía a 82.21% del costo que tendría una nueva.
La fiscalía general señaló que Lozoya intervino ante el Consejo de Administración de Pemex para adquirir la planta inservible, debido a que años antes de ser nombrado director de la petrolera, pactó con Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, la transacción.
Para ello, Ancira transfirió más de 3 millones de dólares cuando Lozoya formaba parte del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto, y de transición luego de resultar ganador en la contienda electoral.
