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A 13 años del secuestro y homicidio de su hijo, Isabel Miranda de Wallace afirma sentirse revictimizada y cansada porque no han sido sentenciados todos los responsables del delito.
De las seis personas que la Procuraduría General de la República (PGR) logró llevar a juicio por el plagio de Hugo Alberto Wallace Miranda, dos de ellas están a punto de recibir sentencia: Jacobo Tagle y Brenda Quevedo.
“Es inhumano a lo que sujetan a una víctima, ¿tú crees que es humano estar atada a un proceso 13 años o más?, me parece inhumano, además es revictimizarnos el estar recordando cada audiencia lo que le hicieron a mi hijo, cómo lo lastimaron, cómo no le dieron oportunidad de defenderse de estos malditos, es estar reviviendo el proceso a cada rato; yo ya quisiera poder tener la tranquilidad de que ellos van a pagar por lo que hicieron, de que se van a quedar en la cárcel de forma definitiva”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.
Desde hace dos años, familiares de los procesados anunciaron la presentación de pruebas en las que supuestamente se acreditó que el caso Wallace era una falsedad aparentemente orquestada por la propia Isabel Miranda, presidenta de Alto al Secuestro.
Hace un par de meses esta versión fue publicada a través de un libro electrónico en una reconocida plataforma de ventas por internet.
Al ser cuestionada al respecto, Miranda de Wallace negó categóricamente tal versión y la calificó de ofensiva y descabellada: “Me parece una situación por demás ofensiva, descabellada, porque, ¿cuál sería el motivo de inventar un secuestro? No lo hay. No creo de verdad que exista en el mundo alguien cuerdo que pueda inventarse un secuestro y mantener 13 años ocultado a mi hijo, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Con qué fin?, por supuesto que no”.
Las condenas hasta ahora impuestas van de los 131 a los 78 años de prisión, impuestas a Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Tony Castillo Cruz y Albert Castillo Cruz.
Hugo Alberto Wallace Miranda fue secuestrado el 11 de julio de 2005. Entre los principales argumentos por los que los inculpados afirman que esto es falso está la realización de compras con una tarjeta de crédito a su nombre, nueve días después del plagio.
De acuerdo con el expediente al que EL UNIVERSAL tuvo acceso, las operaciones fueron realizadas el 29 de junio de ese año, pero los cargos se vieron reflejados con posterioridad.
Además, los inculpados señalaron que el padre de la víctima declaró en la averiguación previa número PGR/SIEDO/UEIS/146/2005 que su hijo desapareció por su cuenta.
Al revisar la declaración ministerial del 22 de septiembre de ese año, José Enrique del Socorro Wallace Díaz no mencionó que su hijo hubiera desaparecido de manera voluntaria.
“Posiblemente lo que le ocurrió a mi hijo fue una desaparición, ya que no puedo decir que se trate de un secuestro porque no he recibido exigencias por parte de ninguna persona para liberar a mi hijo”, declaró.
El expediente incluye una prueba pericial en materia de genética que compara muestras de sangre de Isabel Miranda y su esposo con las de su hijo. Los inculpados han afirmado que esto no es posible porque se trata de muestras genéticas pertenecientes a una mujer y que Hugo no es hijo biológico de Enrique Wallace.
En el sanitario del domicilio donde la PGR afirma que tuvieron encerrado a Hugo Alberto durante el plagio fueron hallados dos restos a analizar: cabello y sangre.
“Se encontró un perfil genético en la muestra rotulada como ‘Pelo en crespol’, que pertenece a una mujer”, se indica en el dictamen.
“El perfil genético de la muestra rotulada como ‘muestra no. 4 localizada en el baño’ pertenece a un hombre”, se afirma.
La sangre fue comparada con la del matrimonio Wallace y en ambos casos el resultado fue el mismo: “Presenta relación de parentesco biológico por maternidad/paternidad con la muestra rotulada como ‘muestra no. 4 localizada en el baño’”.
Las sentencias que aún quedan pendientes, y para las que no se tiene fecha todavía, han demorado por las acusaciones de tortura contra los inculpados. Sin embargo, los protocolos de Estambul y los dictámenes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyeron que no existió tal, e incluso en el caso de Brenda Quevedo indica que se “autoinflingió” las lesiones que dijo haber padecido.
