Si desaparece el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) no sólo se perderían 19 años de conocimiento y experiencia, sino que se eliminaría una radiografía del ejercicio de los derechos sociales del país, asegura José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo de este organismo autónomo que se encuentra a punto de ser extinguido en el Congreso.
Profesor en el posgrado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1, Cruz Marcelo señala que si el consejo nacional pasa a ser parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), como se prevé en una de las iniciativas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, el instituto tendría que afrontar una línea de aprendizaje para elaborar la información que genera el Coneval.
“Con todo respeto, el Inegi no tiene experiencia en términos de evaluar política pública ni mucho menos programas sociales.
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“Respeto muchísimo el trabajo del Inegi, pero tendrían que pasar por una curva de aprendizaje si en algún momento se aprueba la reforma de ley”, comenta.
En charla con EL UNIVERSAL, resalta que en los 19 años que tiene el Coneval, ha elaborado una serie de análisis e investigaciones que le han permitido hacer tres actualizaciones de la metodología de la medición de la pobreza, generar lineamientos y diversas actualizaciones de indicadores, tanto de la medición como de otras plataformas que —desafortunadamente— se podrían perder.
Sostiene que las cifras de pobreza para 2022 indican que Chiapas, Guerrero y Oaxaca son los estados con mayor porcentaje de población en pobreza y pobreza extrema.
“Y las cifras de pobreza a nivel municipal indican que la localidad con mayor número, no porcentaje, sino mayor número de personas en situación de pobreza fue León, Guanajuato, con alrededor de 840 mil personas en situación de pobreza multidimensional. También se encontraban Ecatepec, Iztapalapa y Nezahualcóyotl”.
Ganador en 2012 del Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México comenta que el Coneval otorga una radiografía del ejercicio de los derechos sociales del país.
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“Si se elimina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social perderíamos esa radiografía del ejercicio de los derechos sociales y evidentemente no sólo el gobierno federal, sino los estados y municipios, perderían justamente esa zona de ruta, esa ruta donde podría trazar las intervenciones presentes y futuras del ámbito de desarrollo social o de bienestar”, comenta.
Explica que el Inegi tiene una obligación normativa muy puntual: generar información estadística para el país, mientras que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social cumple con dos tareas normativas muy puntuales: realizar las estimaciones de pobreza con enfoque multidimensional y la evaluación de los programas sociales del gobierno federal.
Cruz Marcelo, quien desde 2019 se desempeña como secretario ejecutivo del Coneval por designación presidencial, precisa que —por normatividad— cada año envía a la Secretaría de Bienestar los datos de pobreza, carencias sociales, nacionales, estatales y municipales, y la dependencia que dirige Ariadna Montiel Reyes emite anualmente las zonas de atención prioritaria.
“¿Para qué? Para que a partir de esa definición se pueda dar la distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el FAES, que para este ejercicio fiscal trae poco más de 100 mil millones de pesos.
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“El impacto que tendría al perderse la función de Coneval, de generar toda esta información, es que ya no podríamos decirle a un municipio de la zona serrana de Oaxaca, por ejemplo, la carencia de mayor prevalencia o de rezago educativo, o de alimentación, o acceso al servicio de salud.
“Para que Oaxaca pudiera ocupar los fondos federales para reestructurar o acondicionar su clínica de salud municipal, o para hacer un paquete de programas de comedores comunitarios, o para reestructurar la escuela primaria, preescolar o secundaria de algún municipio de pobreza extrema”, menciona.
Dice que todas estas intervenciones al final del día se reflejan en un beneficio para la sociedad.
“Es un beneficio para aumentar el ejercicio de los derechos sociales en nuestro país”, acota.
Uno de los argumentos para desaparecer el Coneval y otros organismos autónomos es que son onerosos, ¿cuál es su opinión al respecto?
—En el Coneval respetamos todas las posiciones, tanto del Ejecutivo [como] de los otros poderes del Estado mexicano, pero uno de los dos grandes supuestos de esta reforma de ley versa sobre que las entidades que estamos involucradas en esta propuesta de ley no se han apegado a los principios de austeridad.
Sin embargo, desde 2019 el Coneval se ha apegado en su totalidad a todo el planteamiento que en términos de austeridad se ha planteado desde la Secretaría de Bienestar o de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Coneval sí ha cumplido esta parte de austeridad. Espero que tengamos ese diálogo con los legisladores de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, pues consideramos que este es, de inicio, un primer gran argumento.