La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, se reunieron ayer para discutir la creación de una cédula de identidad que sería controlada por el gobierno federal; sin embargo, las autoridades no llegaron a un acuerdo para avanzar en esta materia.
Parte de la discusión que tuvieron los funcionarios se centró en los datos biométricos del INE, mismos que la Secretaría de Gobernación (Segob) pretende tener para “garantizar el derecho de todos los mexicanos a su identidad”.
Esta intención de la Segob generó polémica en varios sectores, y de hecho, desde días atrás, el consejero del INE Marco Antonio Baños ya había sido tajante al señalar que el organismo autónomo no entregaría sus bases de datos a la Segob.
El día de ayer Lorenzo Córdova tomó una postura parecida, al señalar que la entrega de la información personal de los mexicanos es un dilema que aún se sigue resolviendo.
“Es parte de los dilemas que tenemos que seguir discutiendo, hay un marco jurídico complejo; además, implica 30 años de evolución y tenemos que ir marcando como una premisa el respeto, sobre todo a la garantía. La secretaria de Gobernación fue ministra, lo entiende mejor que nadie, la garantía de los derechos de las propias personas que tendremos siempre que salvaguardar”.
Sobre la falta de acuerdos que hay en la materia, la ministra en retiro indicó: “No tenemos un acuerdo todavía, estamos poniendo en la mesa todas las posibilidades y las aristas que implica caminar juntos para darle el derecho humano a la identidad a los mexicanos”.
Otro tema que se abordó en la reunión entre Sánchez Cordero y Lorenzo Córdova es un artículo transitorio de la Ley General de Población de 1992, en el que quedó establecido que el antiguo Instituto Federal Electoral (hoy INE) debía entregar su padrón electoral, datos e imágenes para facilitar la creación de un Registro Nacional de Ciudadanos.
En conferencia de prensa luego de su reunión, Sánchez Cordero dijo respecto al artículo transitorio: “Es lo que estamos dialogando precisamente, que el transitorio tiene 30 años, que después de 30 años han sucedido diversas reformas constitucionales y legales. Lo estamos reinterpretando y eso es en lo que estamos haciendo”.
En tanto, Lorenzo Córdova se mostró en la disposición de avanzar en este tema, siempre y cuando no se vulnere el derecho a la protección de datos personales de los ciudadanos, así como que no se viole ninguna normativa que rija a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional Electoral.
“Está arrancando el trabajo, no hay un acuerdo hoy, el trato es comenzar los trabajos para construir los acuerdos”, aseveró el consejero presidente.
Desde el 2 de enero de este año, EL UNIVERSAL informó sobre la intención de la Segob de acceder a los datos biométricos de los mexicanos, con el objetivo de prevenir el delito de robo de identidad.
Según un documento al que este medio de comunicación tuvo acceso y que fue publicado a principios de 2020, la Segob alega que “nunca ha podido atender y hacer cumplir la ley, por lo que no ha podido brindarle a toda su población la certeza mínima y necesaria de que no le roben lo más importante que tiene después de la vida: su identidad”.
Para almacenar toda la información de los mexicanos, el gobierno federal estaría dispuesto a adquirir licencias de un software especializado en identificar huellas dactilares, rostro e iris.
Asimismo, la Segob identificó que los mexicanos están más expuestos a que roben su identidad cuando tienen participación en el sector financiero, además de que en algunas ocasiones han caído en la duplicidad y los padrones de falsos programas sociales.
El gobierno federal calcula también que teniendo los equipos especializados, podría obtener en un año la identidad biométrica de 50 millones de mexicanos; en el segundo, 30 millones, y en el tercero, otros 20 millones.
Oposición cuestiona medida
Los dirigentes de PAN, PRD y MC criticaron la solicitud que hizo la Secretaría de Gobernación para obtener los datos biométricos de todos los ciudadanos para la creación de la cédula de identidad.
Marko Cortés, presidente nacional del PAN, aseguró que ese es “un nuevo intento por secuestrar la democracia”, cosa que desde su partido no piensan permitir. “Ahora el gobierno y Morena quieren tener toda nuestra información, hasta nuestras huellas digitales”, escribió.
El líder nacional del PRD, Ángel Ávila Romero, expresó su rechazo a que “el gobierno pretenda adueñarse de los datos biométricos de todos los mexicanos para poder tener un esquema de control similar a un Estado policiaco”.
El senador Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, expresó que la intención de la Segob “representa una violación a la privacidad” y “un retroceso institucional”.
