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El Instituto Nacional Electoral (INE) inició la defensa de su autonomía ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al interponer una controversia constitucional en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, al que la Cámara de Diputados recortó 950 millones de pesos de su gasto y redujo las percepciones de sus funcionarios.
Ambas decisiones, argumentó el instituto, son una “clara vulneración a la autonomía e independencia” del organismo, así como una invasión a sus competencias, puesto que se puso en riesgo el cumplimiento autónomo de todas sus funciones constitucionales.
“[El recorte presupuestal] claramente viola su autonomía financiera y su independencia económica [del INE], sometiéndolo a la necesidad de dejar de cumplir con sus obligaciones, o bien, gestionar ampliaciones presupuestales con el gobierno federal”, indicó.
Además, la Cámara de Diputados no puede válidamente realizar una reducción presupuestaria y menos “sin justificación, motivación, ni fundamentación alguna”, detalla un escrito presentado por el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, en su calidad de representante legal del organismo. En defensa de su autonomía, el instituto insistió en que su propuesta de gastos fue históricamente baja, pero aún así se le aplicó un recorte que no se justificaría en un contexto de aumento del gasto público federal, de 5.6% en términos reales respecto al del año pasado.
El recurso jurídico también cuestionó la invasión a la esfera competencial del INE en materia de percepciones, ya que los diputados modificaron condiciones de trabajo de los servidores públicos del organismo, mismas que se rigen por lo que establece la ley electoral y el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), así como de la rama administrativa.
Esto, porque al modificar en el presupuesto 2019 los tabuladores que el instituto había aprobado en el ejercicio de su autonomía, con apego a la Constitución y a las normas que rigen sus remuneraciones, la Cámara de Diputados “obligaba al INE a vulnerar derechos humanos de sus trabajadores y trabajadoras”, al toparse los ingresos de su personal del SPEN a los 108 mil pesos, que constituyen el salario presidencial.
Aplican ingeniería a presupuesto. En sesión del Consejo General, el INE adecuó su presupuesto 2019: en total por 15 mil 363 millones de pesos, ya con el “recorte histórico” decretado por los diputados y que puso al INE en una “situación grave e inédita”, pues nunca “se le había colocado en una condición de insolvencia para cumplir cabalmente con sus funciones”, advirtió el consejero presidente del instituto autónomo, Lorenzo Córdova. Además, en entrevista, descartó que la controversia sea una disputa política.
Tanto la controversia como el ajuste al presupuesto fueron rechazados por el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, quien consideró que “sí es posible un INE que cueste menos con genuina reducción de remuneraciones si se eliminan algunos seguros”.
El ajuste aprobado implicó una reingeniería presupuestal para dedicar 761.1 millones de pesos etiquetados para el pago de impuestos a financiar la coparticipación del organismo en las cinco elecciones locales de este año, además de ahorros en asesorías, viáticos, gasolinas, entre otros rubros.
Esta fórmula permitirá al INE usar los recursos originalmente destinados para pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los trabajadores del organismo, en las tareas de integración de mesas de casilla en las elecciones de Baja California, Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.
En el acuerdo se instruyó al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, a gestionar la ampliación presupuestal por 619 millones de pesos, recursos que habían sido solicitados para las tareas del INE en las elecciones locales, pero que fueron eliminados.
