El Partido Revolucionario Institucional (PRI) deberá pagar una multa de un millón 284 mil 241 pesos por aportaciones irregulares y recursos no reportados provenientes del Gobierno de Baja California durante 2015, determinó el Instituto Nacional Electoral ( INE ).
El órgano electoral también reveló que el partido retuvo salarios de funcionarios y legisladores de Baja California ese año, que posteriormente fueron transferidos al partido.
En la sesión del Consejo General, el consejero Jaime Rivera expuso que la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral ordenó reponer el procedimiento desde la etapa de ampliación, a fin de conceder al PRI cinco días hábiles para que manifieste por escrito lo referente al caso.
“Cabe aclarar que el partido político no dio respuesta alguna a los escritos de ampliación del objeto de investigación ni alegatos, por lo que no existen nuevos elementos que analizar en este procedimiento oficioso”, señaló el consejero.
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Durante la sesión, el representante del PRI ante el INE, Hiram Hernández, tampoco se pronunció sobre este caso.
La investigación reveló que el PRI recibió 8.9 millones de pesos del Estado de Baja California, sin identificar las cuentas de las personas que aportaron esos recursos durante 2015.
Por tanto, se impuso una multa equivalente al 10% del monto, es decir, 895 mil 456 pesos.
Esta falta, abundó el INE, trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos y, en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral.
“Con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad)”, indicó.
El órgano electoral también acreditó que el partido tricolor omitió reportar ingresos durante ese año por un monto de 259 mil 183 pesos, por lo que se impuso una multa de 150% por 388 mil 784 pesos.
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El acuerdo resuelve que se vulneraron los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización debido a que el sujeto obligado omitió reportar ingresos-.
“Se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado derivó de su omisión en cumplimentar su calidad de garante respecto el actuar de sus militantes y simpatizantes quienes instrumentaron un sistema de financiamiento paralelo el cual se tradujo en el allegamiento de recursos que beneficiaron al instituto político”, expone.
Además, se comprobó que el Congreso Estatal aportó 630 mil pesos al partido, mediante aportaciones de sus legisladores, aunque esto no se consideró un ilícito.
En este caso, también se registraron aportaciones del presidente municipal de Ensenada por 4 mil 750 pesos, así como, de cuatro personas físicas que ocupaban los cargos de regidurías en dicho ayuntamiento por un monto de 6 mil 500 pesos.
Al respecto, la consejera Carla Humphrey señaló que contrario a lo que establece el proyecto, estos actos sí vulneran la normatividad electoral.
“Como lo he sostenido en sesiones anteriores, las retenciones a dietas de las y los servidores públicos no son un método válido para que estos realicen aportaciones a los partidos políticos”, subrayó.
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