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A pesar de que el Congreso aprobó la legislación secundaria para la elección del Poder Judicial, aún dejó pendientes al Instituto Nacional Electoral (INE) que deberán resolverse a través de lineamientos y/o acuerdos como la fiscalización de recursos, capacitadores electorales, integración de mesas de casilla, tiempos en radio y televisión, entre otros temas.
Morena y aliados aprobaron reformas a la Ley General de Institutos y Procedimientos Electorales, así como de Medios de Impugnación, que establecen los plazos y delinea la ruta de este proceso inédito en el país, aunque varias tareas las dejan a cargo del INE, sujetándose a esta nueva legislación.
Estas mismas interrogantes fueron planteadas a diputados por la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, en una reunión como parte del diálogo para la reforma judicial el 30 de julio pasado.
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Una de las etapas clave es la cartografía electoral, es decir, cómo se divide el territorio con base en la elección. Actualmente, la división es por 300 distritos electorales, sin embargo, esto no empata con la dinámica judicial, por lo que debe trazarse una nueva distribución.
La ley establece que, en diciembre próximo, el órgano de administración judicial remitirá al instituto la división del territorio nacional por circuito judicial o circunscripción, indicando la entidad o las entidades federativas que abarcan, así como el número y materia de los cargos a elección.
Estos son Tribunales Colegiados de Circuito y Tribunales Colegiados de Apelación o Juzgados de Distrito que tengan residencia en cada circuito judicial, y la sede de las salas regionales del Tribunal Electoral.
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Después, la Junta General Ejecutiva “elaborará un plan de coordinación en materia de organización electoral, en el cual indicará los órganos locales y distritales del instituto que coadyuvarán en la organización de la elección, así como en la respectiva etapa de cómputos de las elecciones”.
A nivel nacional, le corresponde organizar la elección de ministros, magistraturas de Sala Superior y el nuevo tribunal de disciplina.
Campaña con limitantes
Sobre la fiscalización, es decir, el reporte y revisión de los recursos utilizados, desde la reforma constitucional se estableció que los candidatos no podrán recibir financiamiento público ni privado.
“Los topes de gastos personales, por cada persona candidata, serán determinados por el Consejo General del instituto en función del tipo de elección que se trate y no podrán ser superiores al límite de aportaciones individuales que pueden realizar las personas candidatas independientes a diputaciones”, señala el artículo 520 de la LGIPE.
Como referencia, para el proceso electoral 2024, el tope de aportaciones de una candidatura independiente para sí misma fue de 220 mil 326 pesos, aunque puede variar conforme el número de aspirantes. Este dinero podrá ser utilizado para cubrir gastos personales, viáticos y traslados dentro del ámbito territorial que corresponda a su candidatura durante la campaña, pero también prohíbe la entrega cualquier tipo de material en el que se ofrezca algún bien indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo.
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En esta ocasión no habrá precampaña, y el periodo de campaña durará 60 días, donde los candidatos podrán exponer sus méritos y visiones acerca de la función jurisdiccional y la impartición de justicia, así como propuestas de mejora, mientras no contradigan lo que marca la ley.
En esta elección tampoco podrán participar partidos políticos ni personas servidoras públicas, que tienen prohibido realizar actos de proselitismo o manifestarse públicamente a favor o en contra de algún perfil, aunque en ninguno de los casos se detallan las sanciones en caso de incumplir la ley.
También están pendientes los acuerdos del INE para que las candidaturas tengan tiempos oficiales en radio y televisión, los cuales no podrán ser contratados por separado.
Adaptará mesas de casilla a la elección judicial
En cada proceso electoral, el INE realiza la contratación de Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores Electorales (CAE), que se encargan de reclutar y preparar a las personas que conformarán las mesas de casilla el día de la jornada y contarán los votos depositados en las urnas.
El INE deberá emitir acuerdos para la integración, ubicación y designación de las personas integrantes de las mesas directivas, además de que diseñará una estrategia diferenciada para integrar las mesas directivas de casilla que considere el tipo y número de cargos a elegir en cada circuito judicial o circunscripción plurinominal.
“Dicha estrategia podrá considerar personas secretarias y escrutadoras adicionales, su incorporación a la mesa directiva durante la jornada electoral o a su conclusión”, expone.
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También, incorpora un nuevo elemento para que la capacitación y los simulacros de las personas funcionarias adicionales de mesas directivas de casilla de la elección judicial pueda realizarse por medios electrónicos, pese a que siempre ha sido presencial.
“INE deberá emitir lineamientos”
El exconsejero electoral Marco Baños dijo que la interpretación de la ley sigue siendo amplia en algunos aspectos, por lo que el INE aún debe emitir los acuerdos necesarios para organizar la elección de jueces y magistrados.
Sobre la cartografía electoral, dijo que “lo único que coincide son los circuitos judiciales que son por entidad, pero ya toda la jurisdicción de los jueces de distrito, eso no tiene correspondencia con las demarcaciones geográficas que tiene el INE, así que lo que van a tener que hacer es sortear las secciones, meterlas a un programa informático para acomodarlas y ahí pues tendremos también que ver qué decisión toma.
“El Instituto Nacional Electoral todavía tiene que hacer el tema de los acuerdos que permitan aprobar, por ejemplo en este caso, a la boleta electoral; también le dicen al INE que tiene que hacer la distribución de los tiempos en la radio y la televisión, pero el INE ahí lo que tiene que hacer es aprobar un modelo de distribución de esos de esos tiempos en la propia radio y televisión”, sostuvo.
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En entrevista con EL UNIVERSAL, señaló que debe abordar otros temas como el formato de los debates que van a tener los aspirantes, así como la forma en que va a fiscalizar a los aspirantes que tienen posibilidades de utilizar una parte de su dinero.
“La ley dice que estos aspirantes pues pueden distribuir a través de los tiempos de la radio y televisión una serie de mensajes donde difundan su trayectoria y la forma en que ven los temas jurisdiccionales”, expuso.
Sin embargo, también pueden usar sus redes sociales para promoverse, por lo que consideró que la autoridad electoral debería tener un tope para estos asuntos.
