Ante la presentación de una controversia constitucional por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) contra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH ), este organismo dijo que con esta acción, el máximo tribunal electoral "deja ver sus evidentes fines políticos y mediáticos más que jurídicos".
"Al parecer reaccionan a las notas que diversos medios dieron a conocer recientemente sobre nuestra demanda de controversia constitucional (contra el INE)", señaló la institución que encabeza Rosario Piedra Ibarra .
En un comunicado, la Comisión recordó que el pasado 8 de noviembre interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el INE por la "invasión de la esfera de competencia de este organismo nacional en la que incurrió el INE, al emitir pronunciamientos públicos en detrimento de la CNDH'.
"Se le ha intentado silenciar, a partir de una interpretación de la ley, que desestima la facultad de este organismo protector de los derechos humanos, en materia de protección de los derechos político-electorales del pueblo de México", señaló.
Sostuvo que en días pasados, consejeros del INE desconocieron de manera pública la competencia constitucional con que cuenta la CNDH para emitir la Recomendación General 46/2022 “Sobre violaciones graves a derechos humanos, así como violaciones al derecho a la democracia y al derecho a la protesta social, al derecho de reunión y al derecho de asociación, entre otras, cometidas por el Estado entre 1951-1965”.
"El Instituto aseguró que los organismos que protegen los derechos humanos no son competentes tratándose de asuntos electorales, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene prohibición constitucional expresa para intervenir en temas de índole electora,, pasando por alto que con la Recomendación de referencia (46/2022), la CNDH no pretende inmiscuirse en las decisiones o resoluciones que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación".
El organismo precisó que con su recomendación busca que las autoridades electorales del país, encargadas de organizar, vigilar y dar certeza a los procesos electorales, cumplan con su misión de respetar y hacer valer el derecho a la democracia en favor del pueblo de México.
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