El Consejo General del INE aprobó por unanimidad el presupuesto precautorio para la realización de la elección judicial por 13 mil 205 millones de pesos, aunque las consejerías señalaron que la organización de este proceso sigue pausada por las suspensiones concedidas por jueces.
Ante la falta de certeza jurídica y la resolución de una acción de inconstitucionalidad que se discutirá este 5 de noviembre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se emite un presupuesto de forma precautoria que puede modificarse según la resolución.
El presupuesto estimado por el INE es de 13 mil 205 millones 143 mil 620 pesos, un monto mayor a lo destinado para la elección federal de 2024, que fue alrededor de 8 mil millones de pesos.
Por separado, el Consejo General del INE aprobó su presupuesto base y cartera institucional de proyectos para 2025, que asciende a 15 mil 295 millones 882 mil 494 pesos, sin considerar las prerrogativas de partidos políticos.
Ante las suspensiones dictadas por jueces, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, señaló que la proyección del presupuesto se realizó con base en los análisis realizados hasta antes de recibir la primera notificación de suspensión.
“El costo, hasta donde llegaron los análisis de este Instituto, tiene que ver con la adquisición de si pensamos instalar todas las casillas (170 mil) y al menos tendríamos seis boletas por otorgarle a los votantes, tendríamos que adquirir nuevo material, mamparas y demás”, expuso.
A su vez, la consejera Claudia Zavala recordó que hay determinaciones judiciales de distintas autoridades sobre la reforma judicial, sin embargo, consideró que la aprobación del presupuesto no interfiere con las suspensiones contra este proceso.
“Evidentemente, si hay algún cambio, alguna modificación, en consecuencia el INE tendrá que actuar para que pueda ajustarse esta previsión, que por lo pronto lo estamos haciendo de forma precautoria”, dijo.
Al respecto, la consejera Dania Ravel subrayó que las suspensiones dictadas por juzgados de distrito los han llevado a pausar los trabajos relativos a la elección, por lo que aún no aprueban el marco geográfico electoral, que es la base para detonar todas las actividades para la organización y capacitación de la elección.
“Se trata de tomar previsiones presupuestarias para garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía, que están establecidos en nuestra Constitución”, apuntó.
A nombre de Morena, el diputado Sergio Gutiérrez Luna pidió a las consejerías que busquen alternativas para “hacer más económico” el proceso electoral, que siga siendo de calidad y confiable.
El representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, hizo un llamado a las consejerías para “defender la autonomía de manera frontal y responsable”, y no dejar espacio a presiones para su ejercicio del presupuesto.
El diputado del PRI, Emilio Suárez Licona, acusó que “la reforma judicial le está enjaretando al pueblo de México, a los más vulnerables, 13 mil millones de pesos. Esto equivale, dijo, a 16 hospitales integrales, 90 mil tratamientos de mujeres con cáncer de mama, 11 campos universitarios, 153 preparatorias, entre otros.
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