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En el primer informe anual de labores y clausura del segundo periodo de sesiones, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, dijo que la independencia judicial no sólo es una aspiración, es un pilar esencial de la democracia y la protección de los derechos.
Remarcó que la adversidad los impulsa a demostrar la esencia de su labor, a reafirmar la convicción de servir a los mexicanos con profesionalismo y aseveró que no buscan aplausos, sino que su guía es honrar y preservar la justicia.
A la sesión solemne asistió la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, quienes se sentaron a ambos lados de la ministra. En los costados estaban los nueve ministros, dejando el lugar que correspondía a Arturo Zaldívar, quien dejó el cargo el 7 de noviembre.
Piña Hernández expresó que desde 2018, el presupuesto del Poder Judicial se ha reducido más de 23%, aunado a que se le sumaron nuevas responsabilidades derivadas de reformas constitucionales y tratados internacionales.
Durante el año estadístico ingresaron un millón 493 mil 712 asuntos, que, sumados a la existencia inicial de 531 mil 571, arroja una carga de trabajo de 2 millones 25 mil 283, un aumento de 921 mil 103 respecto a 2018, cuando se documentaron un millón 104 mil 180.
En su discurso de una hora y 34 minutos, la también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) manifestó que la viabilidad de continuar sirviendo a la sociedad, de ofrecerle una justicia pronta, completa e imparcial a la que se tiene derecho en términos de la Constitución está a prueba.
“Ante este escenario, nuestra reacción es seguir adelante, enfrentamos el reto que sabemos complejo con la entereza y los principios que nos guían.
“La adversidad no nos detiene, la impartición de justicia no se detiene, la impartición de justicia es y será siempre independiente e imparcial”, enfatizó Piña Hernández en el Salón de Plenos.
Sin mencionar el tema de la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial, que acumulan 15 mil 800 millones de pesos, la ministra se dirigió a los trabajadores del PJF y aseguró que sus derechos laborales serán garantizados en términos del orden legal y constitucional que los ampara.
“Ustedes son el elemento fundamental para garantizar la justicia que México exige. Sin ustedes no podemos asegurarle a la sociedad que el ejercicio de sus derechos se sostendrá más allá de cualquier presión”, consideró.
La ministra indicó que la situación que se presenta en el futuro inmediato no sólo pone a prueba al Poder Judicial, sino a los propios cimientos de una sociedad basada en los equilibrios democráticos y en el respeto a la ley.
“No podemos olvidar que la justicia no es un monopolio del Poder Judicial Federal, es una responsabilidad de Estado que incluye la seguridad, la procuración de justicia, el desarrollo social y el combate a la desigualdad”, expresó y fue ovacionada en varias ocasiones.
Recordó que como nunca las trabajadoras y trabajadores del PJF dejaron por un momento sus jornadas en la defensa del orden constitucional para salir a defender sus propios derechos y así proteger a los de la población.
Entre los asuntos más relevantes, la ministra destacó la declaratoria de invalidez del pleno del decreto que ordenaba el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
A la sesión acudieron el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar; el exrector de la UNAM, José Sarukhán; el exprocurador general de la República Diego Valadez y el ministro en retiro Eduardo Medina Mora, quien dejó el cargo de la Corte en 2019.
